Actas del Congreso

La incapacitación/limitación de la capacidad de obrar de las personas…
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2.2. La limitación en el ejercicio de derechos de las personas con la capacidad
de obrar limitada. El derecho a la vida e integridad física y moral
Una vez realizada esta brevísima y escueta aproximación al lugar que
ocupan los derechos fundamentales en la Constitución Española, me centraré
en la vulneración de uno de los denominados derechos personalísimos:
el derecho a la vida y a la integridad física y moral, por ser aquel en el
que quiero centrar esta exposición
En la CE, el derecho a la vida queda recogido de la siguiente manera,
en su artículo 15:
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra
A lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas con discapacidad
por el mero hecho de tener discapacidad, han sufrido todo tipo
de tratos humillantes y abusos. Por ello, si el objetivo de este artículo, fuera
analizar la vulneración de derechos de la que han sido objeto las personas
con discapacidad, sin duda tan sólo con el análisis de este derecho fundamental,
tendríamos un volumen de trabajo ingente. Pero el objetivo es
analizar cómo se limita el ejercicio de este derecho por el hecho no de la
discapacidad sino de la incapacitación.
En este sentido, he interpretado su vulneración en base a las intervenciones
que se practican sobre su cuerpo prescindiendo de la petición de su
consentimiento informado, al contemplar la ley 41/2002 de autonomía del
paciente su sustitución por el consentimiento por representación.
En el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, es posible proceder
a la realización de esterilizaciones, sin contar con su consentimiento
ya que, de acuerdo con el artículo 156 del Código Penal, a través de una
autorización judicial es posible realizar dicha intervención a petición del
representante legal de la mujer a esterilizar 24 .
Estas intervenciones no sólo vulneran el derecho fundamental a la salud
recogido en nuestro texto constitucional, sino que también vulneran los
artículos de la CIDPD, que atienden a estos aspectos, especialmente los
24
En este sentido es muy interesante, la aproximación que a este tema, hace Ana
Peláez en Maternidad y Discapacidad, 2009, Colección Barclays. Igualdad y Diversidad.
Madrid CERMI-Cinca. Nº 1