Actas del Congreso

192 Rafael de Asís Roig
crear un estatuto jurídico específico para el cuidador informal con el propósito
de remover los obstáculos que dificulten o impidan al trabajador
que libremente decida atender a un familiar, asumir esta tarea de cuidado.
A este respecto, esta regulación debe prestar especial atención a la situación
laboral previa del cuidador y a su protección social.
Por su parte, la figura del asistente personal se encuentra prevista en el
artículo 19 de la Convención y en los arts. 2 y 19 de Ley 39/2006. Ahora
bien, en la Ley, la prestación se encuentra doblemente restringida en comparación
con lo que dispone la Convención: (i) en cuanto al ámbito de
actividades que cubre —educación, trabajo y actividades básicas de la vida
diaria—; y, (ii) en cuanto a las personas que tienen acceso a la prestación
por asistencia —limitándose a las personas valoradas como con “gran dependencia”—.
En este sentido, sería necesario ampliar la prestación económica de
asistencia personal de manera que puedan recibirla aquellas personas en
situación de dependencia que, al margen del grado con que hayan sido
reconocidas, la precisen y, además, que no sólo esté destinada al acceso a
la educación y al empleo, sino que cubra todas las áreas de desarrollo que
supone el plan de vida personal.
Y también resulta necesario establecer una regulación de esta figura,
bien manejando un concepto integral de asistente (que realice su labor en
relación con la visión amplia de las actividades fundamentales de la vida
diaria) o en su caso, varios modelos de asistentes, dependiendo de la actividad
concreta que se realice.
2.4. Formación y toma de conciencia
Para algunos, las diferencias que acabo de señalar entre la Ley 39/2006
y la Convención pueden ser meramente de enfoque y, por tanto, remediarse
desde un cambio interpretativo que tome como referencia la Convención.
Sin embargo, esto no ha ocurrido.
Para aplicar el modelo social hay que conocerlo, y para ello el Estado
debe dedicar recursos de formación. Obviamente estos recursos de formación
deben tener como principales destinatarios aquellas personas vinculadas,
de una manera o de otra, con las prestaciones y los servicios (ya sean
facilitadores o receptores), siendo una buena herramienta para alcanzar
dicho objetivo el desarrollo de Oficinas de Vida Independiente. Pero además
se deberían implementar los estudios universitarios necesarios para
afrontar en todas sus dimensiones la promoción de la autonomía perso-