Actas del Congreso

406 M. Honrubia - E. Sánchez - E. Cortés - M. Hernández - A. García - A. Deogracias
encaminadas a la educación de la actividad sexual y la afectividad en las
personas con discapacidad con comodidad y dentro de un marco que
las legitima y avala, proporcionando a los profesionales y a las familias
seguridad en las acciones emprendidas en este ámbito. La realidad social
de nuestro país en cuanto a los conceptos sobre la salud sexual ha experimentado
cambios considerables en los últimos 25 años, sin embargo, esta
evolución social no ha ido acompañada de una política pública dirigida
a la salud sexual desde una concepción integral. Por ello en la vigente legislación
española, existen referencias a la salud sexual y reproductiva, la
igualdad de oportunidades y la violencia contra las mujeres, incluyendo
el acoso y la violencia sexual que son recogidas en el documento Estrategia
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2011, cuyo objetivo general
es ofrecer una atención de calidad a la salud sexual y reproductiva en
el Sistema Nacional de Salud. Las normativas vigentes más relevantes a
tener en cuenta son:
1. La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2) y la Constitución
Española (art. 14) reconocen los derechos fundamentales a todos,
sin distinción alguna personal o social.
2. Según la Sentencia 215/1994 del Tribunal Constitucional sobre las
actuaciones con las personas con deficiencia psíquica, en las medidas que
tienen que ver con su sexualidad, hacen referencia a que les han de permitir
no estar sometido a una vigilancia constante que podría resultar contraria
a su dignidad (art. 10.1 CE1) o a su integridad moral (art. 15.1 CE),
haciendo posible su ejercicio, si es que intrínsecamente lo permite su sufrimiento
psíquico, pero sin riesgo de una posible procreación, que no puede
prever ni asumir conscientemente sus consecuencias. Por tal de evitar esto,
el artículo 156 del Código Penal autoriza la esterilización, en algunos supuestos,
de personas con grave deficiencia cognitiva.
3. La Convención para los Derechos de las personas con discapacidad
(New York, 2006), en se refiere a la sexualidad y cuyos principios han sido
ratificados por el gobierno de España en abril de 2008 y cuyo, protocolo
facultativo entró en vigor a partir del 3 de mayo de ese mismo año, donde
se legitima el derecho a la sexualidad de las personas con diversidad funcional.
(art. 16:12-13; art. 23: 16; art. 25:18).
4. La Ley Orgánica 3/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción
voluntaria del embarazo, promulga:
El derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable
el número de hijos que quieren tener […] a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiada para su edad y a