Actas del Congreso

396 Alba María Hernández Sánchez
Igualmente, el artículo 4 en su punto 1, apartados g y h, resaltan la
obligatoriedad de ciertos principios generales que garanticen no solo la
promoción de las nuevas tecnologías que posibiliten el acceso a la información,
sino la de una información que es por sí misma accesible. Estos
compromisos han de ser asumidos desde la generación de investigaciones
rigurosas que posibiliten la mejora continua de la realidad desarrollada.
De modo que sea igual de importante “promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las
comunicaciones” (artículo 4, punto 1, apartado g) como la de una “información
que sea accesible” (artículo 4, punto 1, apartado h).
A priori, los dos compromisos asumidos podrían entenderse como cuestiones
que redundan en un mismo aspecto y, sin embargo, la explicitación
de ambos incurre en dos demandas sociales que habitualmente son desatendidas
en su totalidad o de modo parcial en los entornos de aprendizaje
virtuales. La disponibilidad y uso de una nueva tecnología no garantiza el
acceso, si la información (y sería conveniente ir más allá señalando a la propuesta
formativa en su globalidad: dirección y gestión, organización, tutoría
y evaluación) no ha sido diseñada y desarrollada de forma accesible, por ello,
es tan pertinente lo primero como lo segundo, haciendo que por ejemplo,
una persona con discapacidad visual tenga el derecho de tener un lector de
pantalla “dando prioridad a las de precio asequible” (artículo 4, punto 1,
apartado g) a la vez que a una información que ha sido diseñada y creada
para ser leída por este dispositivo tecnológico (y yendo más allá, el derecho
a una propuesta formativa —con todos sus elementos de interacción— que
le incluya). De nada sirve tener la herramienta si no se puede aprovechar su
utilidad de forma efectiva; y, en ello, incide la Convención.
Es indudable que la manera de acceder y de generar la información ha
cambiado, convirtiéndose en una labor mucho más inmediata y accesible,
donde las personas pueden contrastar varias fuentes de forma más sencilla
y directa gracias a la aparición y expansión de Internet. Esta necesidad
de localizar y producir información en la red, que se ha convertido en
una práctica cotidiana para una ingente cantidad de personas, ha de ser
asegurada para las personas con discapacidad que, como ya se comentó anteriormente,
encuentran diversas limitaciones de acceso que generan una
situación de exclusión digital. Con respuesta a esta situación, el artículo 21
expone que
“los Estados Partes adoptarán todas la medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida
la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones
con las demás y mediantes cualquier forma de comunicación”.