Actas del Congreso

El acceso a la Justicia de las personas con
discapacidad, exigencias de la Convención
ÁNGELES CARMONA VERGARA
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
Vocal del Foro Justicia y Discapacidad
Presidenta del Observatorio de Violencia doméstica y de género
La función consultiva del CGPJ, a que se refiere el artículo 561 de la
LOPJ, tiene por objeto informar los anteproyectos de leyes y disposiciones
generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que se refieran,
entre otras, a “normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales
de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos
fundamentales”.
En los últimos meses el CGPJ ha emitido informes sobre varios anteproyectos
legislativos que en alguno de sus puntos afectan al acceso a la
justicia de las personas con discapacidad, como el del Código Penal, Ley
de jurisdicción voluntaria, asistencia jurídica gratuita, Ley Orgánica del
Poder judicial o el Estatuto de las víctimas. Es interesante analizar en qué
sentido se ha informado en estos puntos para adecuar nuestra legislación
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En lo que respecta al Código Penal, el nuevo artículo 25 proyectado establece
una definición de discapacidad, según la cual, no es preciso que el discapaz
psíquico esté impedido de gobernar su persona o bienes, pues basta
con que simplemente precise de la asistencia de un tercero para complementar
su capacidad jurídica. La reforma operada en el artículo traído a
colación se acomoda a los postulados de la normativa internacional, por lo
cual el CGPJ no formuló reparos respecto de la proyectada modificación.
En el régimen de internamientos como medida de seguridad, se modifica
el artículo 98.
Está siendo muy polémico entre la doctrina el sistema de control y revisión
de la medida de seguridad de duración indeterminada, que se presenta,
además, como indefinida por la vía de las prórrogas ilimitadas que se
establecen, al no respetar adecuadamente los principios constitucionales
de seguridad jurídica y de legalidad de las medidas de seguridad.