Actas del Congreso

La recepción de la Convención en el Derecho español como tratado…
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les de las personas con discapacidad reconocidos en nuestra Constitución,
deberán interpretarse, a partir de ahora, según los principios y derechos
reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
Siendo así que el artículo 24 de la Convención reconoce el
derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación superior
en igualdad de condiciones con las demás, exigiendo que se realicen
ajustes razonables, que el artículo 2 de la propia Convención define como
“las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales”, cabe concluir que en este caso la
exoneración de los requisitos académicos para acceder a la beca constituye
un ajuste razonable que garantiza el acceso a la educación superior sin
discriminación. Coincidiendo plenamente con el criterio de la Sentencia,
pienso sin embargo que en este caso el Tribunal debería haber situado el
problema más claramente en el ámbito del principio de igualdad —pues
el acceso a la educación superior no es un derecho fundamental en nuestro
sistema constitucional—, y debería haber realizado un mayor esfuerzo
argumentativo, para mostrar que en este caso la exoneración de los requisitos
académicos para el acceso a la beca es una diferencia de trato basada
en una justificación objetiva y razonable, y que la exigencia de idénticos
requisitos académicos habría constituido en cambio una discriminación
por razón de discapacidad.
5. Conclusión
Pienso que las Sentencias judiciales analizadas han permitido acreditar
la tesis defendida al inicio de estas páginas: que la vía ofrecida por el artículo
10.2 CE constituye un cauce fecundo para dotar de eficacia en nuestro
país a las disposiciones de la Convención, permitiendo incluso corregir las
disposiciones legales que no resultan plenamente acordes con ella. Es de
esperar que los Tribunales continúen profundizando en este camino, que,
del mismo modo que está suponiendo una interpretación restrictiva del artículo
3 LOREG, habría de permitir también, por ejemplo —por citar otros
preceptos legales en relación con los cuales no ha sido todavía aplicada la
Convención— restringir al máximo la aplicación de la medida contemplada
por el artículo 156 del Código penal (esterilización forzosa), o atenuar
a la luz del artículo 12 de la Convención las consecuencias derivadas de la
incapacitación. En definitiva, una alianza estratégica entre el sistema de