Actas del Congreso

El IRPF y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad…
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bilidad de garantizar un entorno jurídico y social que favorezca la plena
integración de las personas con discapacidad en términos de igualdad.
Desde este punto vista, la fiscalidad se configura como un instrumento
acorde a dicha finalidad, toda vez que los poderes públicos pueden utilizar
los tributos como herramientas de política económica y social, garantizando
el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención. En este
sentido, el IRPF se configura como el tributo más idóneo para este fin, por
su carácter personal y subjetivo y su amplia proyección. Nuestro trabajo
se centra en las medidas adoptadas por el legislador a efectos de declarar
exentas determinadas prestaciones por incapacidad percibidas por los contribuyentes
del IRPF, lo que, suponiendo una discriminación positiva para
este colectivo, favorece la integración de los discapacitados en términos de
igualdad, tal y como reconoce el art. 4 de la Convención.
2. Las exenciones a las prestaciones por incapacidad permanente en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas
Como decimos, la protección del colectivo de personas con discapacidad
viene amparada directamente desde la Constitución Española (art.
49) vinculando a los poderes públicos que se ven compelidos a desarrollar
políticas económico-sociales para hacer frente a las especiales necesidades
de este sector de la población, potenciando los principios de igualdad, solidaridad
y redistribución de la riqueza. El legislador fiscal no ha permanecido
ajeno a este mandato adoptando medidas que tratan de favorecer a las
personas discapacitadas.
El artículo 7.f), párrafo primero, de la LIRPF establece que estarán
exentas “las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad
Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez”.
Por su parte, el artículo 136 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, define la incapacidad permanente como aquella
Situación del trabajador que, después de haber estado sometido al
tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médica, presenta reducciones
anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación
objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su
capacidad laboral.