Actas del Congreso

168 Miguel Ángel García Oca
sonal (365 días) por participante, salvo excepciones, en las que se tienen
en cuenta necesidades individuales de cada usuario.
Los servicios de Asistencia Personal permiten actualmente desempeñar
su actividad profesional a 34 participantes, el resto, está formándose para
desarrollar o mejorar su profesión. Gracias a los apoyos prestados desde el
programa algunos participantes han dado el salto a la vida independiente
desde la vida en una residencia y, también, desde el domicilio familiar.
Otros se han podido tener hijos y encargarse de su cuidado y, en general,
todos ellos pueden disfrutar de su vida incluidos en la comunidad.
Una de las críticas que se hace sobre la asistencia personal es que es
cara. Pretendiendo comprobar la verosimilitud de dicha afirmación desde
la OVI se ha solicitado a la Consultora de Investigación Social “Intersocial”
la realización de un estudio que permita medir económicamente el impacto
directo e indirecto, en términos monetarios, que supone la asistencia
personal, respecto a otras alternativas de apoyo a las personas con discapacidad,
en concreto, a la atención en centros residenciales.
Para medir el impacto social de la inversión de la asistencia personal en
comparación con la asistencia en un centro residencial se ha aplicado el
método de Retorno Social de la Inversión (SROI, por sus siglas en inglés).
El estudio muestra que, en el caso de considerar sólo los costes y retornos
debidos al servicio, de cada 100 € invertidos por la Administración
pública, se retornan 76,26 € en el caso de la residencia mientras que ascienden
a 91,64 € en el caso de la asistencia personal. Si, además del servicio
consideramos los costes y retornos considerando a la propia persona que
recibe el servicio, la tasa de retorno asciende a 132,16 € por cada 100 € de
inversión (Huete & Quezada, 2013).
A modo de conclusión, el Derecho a vivir de forma independiente y a
ser incluido en la comunidad no tiene una implantación efectiva en España.
La LPAD, ley entorno a la cual debiera articularse ese Derecho falla
en la provisión de uno de los elementos esenciales, la Asistencia Personal.
Como consecuencia, no puede asegurar que las personas con discapacidad
“no tengan que vivir con arreglo a un sistema específico”.
Por otro lado proyectos como el mencionado de la OVI de la Comunidad
de Madrid han demostrado la viabilidad técnica de la implantación de
una solución totalmente en línea con la CDPD. Han demostrado, así mismo,
que no se trata únicamente de una cuestión de Derecho si no, además,
de una opción económicamente más ventajosa.