Actas del Congreso

La guarda de hecho y el sistema de apoyos en el ejercicio de la capacidad juridica…
457
personas sujetas al régimen de apoyos y superando las limitaciones que al
respecto ofrece el controvertido artículo 304 CC. Su regulación específica
orillaría la inseguridad jurídica que hoy por hoy caracteriza a la guarda
de hecho eludiendo definitivamente los riesgos que pudieran acarrear interpretaciones
más o menos forzadas de las normas, ofreciendo un medio
capaz de garantizar la protección de las personas con discapacidad sin modificar
su capacidad de obrar. Una institución jurídica, en suma que basada
en el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica, serviría para proteger
a las personas en situaciones como la vejez o la enfermedad psíquica.
En la prudente opción legislativa que se plantea en este trabajo, que
como se ha afirmado aliunde conserva la institución jurídica de la incapacitación
judicial, independientemente del nombre con el que finalmente el
legislador decida denominarla, la figura de la guarda de apoyo se posiciona
como alternativa a los procedimientos de modificación de la capacidad de
obrar “Precisamente porque no se trata de modificar el estado civil de una
persona, ni de privarle, ni total ni parcialmente, de su capacidad de obrar,
la solicitud de la guarda de apoyo encajaría mejor en un procedimiento
judicial de jurisdicción voluntaria”.
Desde la óptica de este planteamiento, corresponderá al juez apreciar,
a la vista de los principios de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad
que recoge la Convención, si lo procedente es acordar la sustitución de la
voluntad del sujeto con discapacidad o por el contrario bastará la prestación
del apoyo que se precise. Y la decisión que adopte no dependerá tanto
de la entidad de las limitaciones de la persona necesitada de ayuda cuanto
de la protección que el sujeto precise para la gestión de sus intereses.
La enfermedad o la discapacidad física o mental no adquieren relevancia
para el derecho por sí mismas sino en la medida en que ellas afectan a la
aptitud del sujeto para encargarse de sus propios asuntos. Afectada de alguna
manera esta idoneidad, el parecer del juez se inclinará a favor de la
medida que mejor garantice la tutela de los intereses que han motivado su
intervención.
Por ello, aunque el grado de discapacidad de la persona sea tal que no
pueda participar de las decisiones que se precisa tomar, no debería resulta
excluida por ello la guarda de apoyo cuando esta figura se erigiera en la
forma óptima de satisfacer los intereses en juego. Piénsese en un sujeto con
serias limitaciones en su capacidad natural, con un modesto patrimonio
que sólo precisa de puntuales intervenciones; en mi opinión, la gravedad
de aquéllas no justificaría una medida invasiva que afectase a su capacidad
de obrar cuando la guarda de apoyo bastará para satisfacer sus necesida-