Actas del Congreso

154 Patricia Cuenca Gómez
3. El internamiento involuntario
La práctica totalidad de los Ordenamientos jurídicos internos, pero también
los sistemas internacionales 3 aceptan la práctica del denominado internamiento
forzoso o involuntario (Bariffi, 2014: 416 y ss. y Mikonwitz, 2011).
En el sistema jurídico español esta figura se regula en el artículo 763
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El Tribunal Constitucional, STC
132/2010, ha considerado “formalmente” inconstitucional este artículo
pues, a pesar de implicar una limitación del derecho fundamental a la libertad
personal, no ostenta rango de Ley Orgánica, si bien no ha procedido
a declarar su nulidad y tampoco ha entrado en el análisis de su contenido
claramente cuestionable desde la óptica de la Convención 4 .
El artículo 763 permite el internamiento involuntario (esto es, en contra
de la voluntad, o sin que concurra la voluntad de la persona afectada)
por razón de trastorno psíquico (referencia interpretada en la práctica en un
sentido amplio abarcando un gran espectro de discapacidades mentales
e intelectuales) de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí
(lo que justifica su sustitución por un tercero, en este caso por un juez que
basa su criterio en un dictamen médico, sin que se provean los apoyos necesarios
que potencien la posibilidad de que decida por sí misma la propia
persona).
De este modo el internamiento forzoso del artículo 763 LEC se configura
como una práctica que permite la privación de la libertad por motivos
de discapacidad sin que concurra el consentimiento de la persona. Práctica
que como ha señalado recientemente el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en su Comentario General sobre el artículo 12
CDPD (2014) constituye “una privación arbitraria de la libertad que viola
los artículos 12 y 14 de la Convención”.
Es cierto que la legislación española es más garantista que otras legislaciones
en tanto requiere siempre autorización judicial incluso cuando la
persona tiene modificada su capacidad de obrar y contiene diversas previdesatención
que aboquen a las personas con discapacidad a la institucionalización
forzosa o al sistema penitenciario.
3
Vid. el artículo 5 de la Convención Europea de derechos humanos que permite el
internamiento de un “enajenado”.
4
Tal y como ha indicado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
en los apartados 35 y 36 de las Observaciones Finales sobre el informe
inicial presentado por Estado español (2011).