Actas del Congreso

Reflexión acerca una posible compatibilidad entre los mecanismos sustitutivos…
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Ya se ha señalado que dicho modelo social pone el punto de mira en los
obstáculos existentes en la práctica que impiden el normal desenvolvimiento
de las personas con discapacidad. De tal manera que debemos proceder a
eliminar esas barreras para que la persona con discapacidad puedan funcionar
con total autonomía. Trasladando estos presupuestos a la materia que
ahora nos compete, deberíamos eliminar los obstáculos que impiden a las
personas con discapacidad entablar relaciones jurídicas y gestionar su propio
patrimonio y persona, es decir adoptar sus propias decisiones. Esta cuestión
no plantea mayor problemas en una persona con discapacidad física ya
que la adopción de decisiones será posible siempre que se le proporcione
la información a través de los medios adecuados, por ejemplo en el caso de
una persona ciega utilizando el lenguaje Braille de tal manera que pueda decidir
por sí mismo. Sin embargo estos mecanismos no son trasladables a las
personas con discapacidad intelectual. Ya con anterioridad a la adopción del
instrumento internacional se había señalado que “lo que la experiencia ha
demostrado es que las personas con discapacidad intelectual pueden beneficiarse
de algo equivalente a la silla de ruedas del parapléjico: la instrucción,
el apoyo y el consejo de un personal de apoyo especializado” 3 . Sin embargo,
esto no se logra de la misma forma con personas con discapacidad física que
con personas con discapacidad intelectual y es que con los primeros, siguiendo
al profesor Martínez de Aguirre, sí se consigue efectivamente “una participación
personal plena o casi plena”, pero en el caso de las personas con
discapacidad intelectual eso se consigue en algunos casos pero no en otros
“en razón de la intensidad de la propia discapacidad psíquica” 4 .
Aquí es donde se produce la mayor divergencia entre las dos realidades
de la discapacidad, que siendo fenómenos muy distintos han sido siempre
considerados de forma conjunta sin atender a las especiales circunstancias
que rodean a la discapacidad intelectual, que requiere un modo propio en
la aplicación del modelo social de discapacidad.
Llegados a este punto habría que considerar si el sistema del que dispone
el legislador español para la adopción de decisiones por parte de
nas con discapacidad (Sentencia de 11 de octubre de 2012)”, Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia Civil nº 92, mayo-agosto 2013, pág. 357.
3
Esta es una de las muestras de que ya antes de la adopción de la CIDPD se hablaba
de apoyos. Marín Calero, Carlos, “La integración jurídica y patrimonial de las
personas con discapacidad…”, pág. 29.
4
Martínez de Aguirre, Carlos (2014), El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica:
reflexiones para una reforma legal, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters
Aranzadi, pág. 42.