Actas del Congreso

188 Rafael de Asís Roig
ma, desde el artículo 149.1.1 de la Constitución, referido a la competencia
exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de los deberes constitucionales. Sin embargo, la configuración
que la Ley hace de este derecho se aparta de esta consideración (De Asís,
R., 2007: 3 y ss.).
Me he referido en otros lugares a la posibilidad de construir un derecho
susceptible de ser identificado como derecho a la promoción de la autonomía,
o a la elección de una forma de vida o a la vida independiente, tomando
como referencia la Convención y el modelo social de la discapacidad.
Se trata de un derecho general relacionado con otros derechos pero que
posee dimensiones concretas también en formas de derechos (De Asís, R.,
2010). Un derecho que adquiere relevancia cuando nos encontramos en
una situación de falta de autonomía o de dependencia.
Como es sabido, estas situaciones pueden ser producidas por dimensiones
personales o sociales, siendo este derecho una herramienta para luchar
contra esas dimensiones, estando así estrechamente relacionado con
la accesibilidad universal. Y dentro de la lógica de la accesibilidad encontramos
una proyección de este derecho vinculada a la idea de los ajustes:
la atención o el apoyo (físico, intelectual, comunicacional y afectivo) a la
vida diaria (a las actividades fundamentales de la vida diaria). De alguna
manera, esta es la dimensión de este derecho que posee una singularidad
propia.
Es posible así hablar de un derecho al apoyo a las actividades fundamentales
de la vida diaria que se deriva del derecho a elegir una forma de vida.
Este derecho, de manera genérica, protege a aquellos que se encuentren
en una situación de dependencia proporcionando servicios y asistencia
para el desarrollo de las actividades fundamentales de la vida diaria.
Se trata de un derecho de titularidad universal, si bien sólo efectivo al
encontrarse la persona en una situación de dependencia que dañe el desarrollo
de una vida humana digna.
Este derecho conlleva el cumplimiento de una serie de obligaciones
que se traducen en tres tipos de prestaciones: económicas, asistenciales
(personales e institucionales) y sanitarias. Obviamente todas ellas deben
realizarse, por un lado, en el marco de un enfoque que combine la perspectiva
individual y social, y por otro, deben ir acompañadas de otro conjunto
de medidas destinadas a hacer efectiva la accesibilidad.