Actas del Congreso

La incidencia de la violencia sobre las personas con discapacidad
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viene empeorando y, por tanto, la exposición a situaciones de violencia sigue
siendo un riesgo. Se menciona la reducción o supresión de la financiación
para la interpretación del lenguaje por signos en servicios públicos como los
tribunales, dificultando la denuncia de situaciones de abuso, violencia o maltrato.
Violándose, a renglón seguido, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las reducciones a la protección social han provocado que muchas personas
con discapacidad se hayan visto privadas de una asistencia profesional
adecuada, siendo las familias quienes se van a hacer cargo de los cuidados
de la persona con discapacidad, generándose a partir de este momento
una espiral que puede dar lugar a abusos, malos tratos y violencia. La obligación
de atender a una persona con discapacidad, y más si es un niño o
un anciano, puede convertirse en una carga extraordinaria para sus cuidadores,
incrementándose el riesgo de maltrato. En este caso el aislamiento,
la falta de comunicación y los obstáculos puestos a la misma, imposibilitan
el que se puedan denunciar episodios de abuso y maltrato.
Se subraya en el informe (punto 61) que las subvenciones a familiares ha
llevado a la bancarrota a numerosas empresas que daban servicio a personas
dependientes, con la consiguiente falta de cuidados especializados y la anulación
de una vía para detectar posibles agresiones. El hecho de que en muchas
ocasiones el principal ingreso de las familias, como consecuencia del desempleo,
sea la percepción económica de la persona con discapacidad también
condiciona su vulnerabilidad. El Comisario expresa su preocupación (punto
90) porque medidas injustificadas y regresivas puedan generar un mayor grado
de marginación y exclusión, y una posible vuelta a la institucionalización,
camino que España había ido progresivamente abandonando (punto 97).
La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013 8 llama la atención
sobre la importancia de tener datos estadísticos para apreciar la situación
concreta de las personas con discapacidad y de los grados de vulnerabilidad,
de forma que quepa distinguir entre las personas con discapacidad
aquella afectadas por deterioros cognitivos y las que lo son por enfermedades
mentales. Rangos de sexo y edades serían también datos relevantes
para abordar programas y normativas específicos.
Si una de las vías para reducir y eliminar la violencia sobre las personas con
discapacidad era caminar hacia la visibilidad y presencia en la vida social, parece
que las circunstancias actuales suponen, al menos, un freno en este camino.
8
Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, sección 2.3.4 Protección de los
derechos de las personas con discapacidad, pág. 635.