Actas del Congreso

378 Cristina Guilarte Martín-Calero
en que afecten a los derechos e intereses de las personas, adaptadas a sus
circunstancias y de carácter temporal y, en todo caso, deberán respetar los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y garantizar que no
haya conflicto de intereses ni influencia debida.
Pues bien, aquellos principios fijados en el artículo 3.a) de la Convención
y el contenido de su artículo 12, obligan a revisar el tratamiento que
el Ordenamiento jurídico-civil dispensa a las personas con discapacidad
en esta materia 2 ; materia que, sin duda, debe ser reformada y adaptada a
los postulados de la Convención, pero que, desde este instante, puede ser
reinterpretada en clave de Convención de Nueva York, si la aplicación de
las normas civiles que afectan al ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad se realiza con pleno respeto de los principios
informadores del texto legal internacional.
En este sentido, baste recordar, en una descripción a vuela pluma de
nuestro Código civil, que su regulación originaria, fiel al llamado modelo
de la prescindencia 3 , era palmariamente contraria a la Convención. Se
establecía, con carácter general, un modelo de incapacitación de intensidad
única, máxima y completa con una única figura de protección, la
llamada tutela de familia cuya complicada constitución exigía el nombramiento
de tutor, protutor y consejo de familia con una finalidad casi
exclusivamente patrimonial. Se configuraba como una restricción de la
personalidad civil para los supuestos de demencia o imbecilidad, la sordomudez,
la prodigalidad y la interdicción civil. Esquema legal que se
resumía en incapacidad total-ineficacia jurídica de la propia voluntadsustitución
por otra persona.
2
Debe partirse, tal y como advierten Barranco, C.-Cuenca, P.-Ramiro, M.A., Capacidad
jurídica y Discapacidad: el artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad, Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá
(2012), pág.58, de que en nuestro sistema jurídico es la legislación civil la que se
encarga de regular los aspectos generales de la capacidad jurídica de acuerdo con
los principios y las necesidades propias del Derecho privado y su tratamiento se
aborda “como una cuestión técnica relacionada con la intervención en el tráfico
jurídico y conforme con el fin básico de proteger la seguridad del mismo”, y por
ello debe realizarse, a mi juicio, una relectura que mantenga un adecuado equilibrio
entre la loable seguridad jurídica preventiva y los derechos de las personas
con discapacidad.
3
Vid. ampliamente, Palacios, A. (2008), El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización
y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad, Madrid, Colección Cermi, Cinca.