Actas del Congreso

72 Marta Kindelán Bustelo
trabajo diario (investiga unas 30.000 quejas al año, de las que alrededor de
1000 se refieren a derechos de las personas con discapacidad) constata que
siguen pendientes innovaciones y modificaciones legislativas y reglamentarias
de gran calado. Asimismo y con excesiva frecuencia detecta prácticas
administrativas y de otros operadores jurídicos contrarias a las normas vigentes
ya adaptadas a la Convención, o que eluden interpretar conforme
a la misma aquellas disposiciones del ordenamiento que aún no ha sido
reformadas y que afectan a los derechos de las personas con discapacidad.
Las XXVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo celebradas
en octubre de 2013 se dedicaron al análisis de la adaptación del
ordenamiento a la Convención. Las conclusiones finales y de cada taller
preparatorio pueden consultarse en el sitio Web del Diputado del Común
(http://www.diputadodelcomun.org/v6/jc2013/index.html). Contiene
los análisis, consideraciones y conclusiones de las Defensorías del Pueblo
sobre un amplio número de cuestiones cuya regulación o revisión sigue
pendiente, y que por razones de tiempo y espacio no puedo tratar aquí de
forma exhaustiva, pero que animo a consultar todos ustedes.
Voy a referirme, de forma breve, a algunos de los temas pendientes que
estimo más relevantes y que ocuparon buena parte de los trabajos de esas
jornadas. Menciono, en primer lugar, tres asuntos en los que está previsto
un desarrollo y/o cambio normativo que sin embargo se encuentra estancado:
el desarrollo por las Comunidades Autónomas del régimen sancionador
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal, que incurre en un retraso que no encuentra justificación
y conlleva un claro riesgo de que las previsiones normativas acaben siendo
consideradas meras declaraciones retóricas por sus destinatarios; el sistema
arbitral para la resolución de conflictos en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad, que hasta el momento no ha
sido objeto del necesario desarrollo, lo que es indicativo de la poca prioridad
que se da a esta cuestión; y la lentitud con la que avanzan los trabajos
para disponer de un nuevo baremo de evaluación de incapacidades, fijado
por el Real Decreto 1971/1999.
Sigue pendiente asimismo un replanteamiento del internamiento no voluntario
por razón de trastorno psíquico, que desconecte el internamiento
forzoso de la condición de persona con discapacidad y determine las situaciones
de urgencia en las que una persona (con discapacidad o no) podría
ser ingresada sin su consentimiento. La regulación habrá de hacerse por
ley orgánica, en cumplimiento de las Sentencias del Tribunal Constitucional
132/2010 y 141/2012. Por otro lado, están sobre la mesa el tratamien-