Actas del Congreso

588 Victoria Rodríguez-Rico Roldán
en España, a la luz de las medidas nacionales adoptadas. En el referido
artículo, la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás. Proclama,
pues, el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido en un mercado y un entorno laboral necesariamente
abierto, inclusivo y accesible a las personas discapacitadas. Con tal
fin, insta a los Estados Partes la promoción y salvaguardia del ejercicio del
derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo. Tal encomienda de la Convención, lejos de ser
genérica, lleva incorporadas útiles propuestas de las medidas que resulta
conveniente adoptar en este ámbito. En efecto, convencida de la fuerza
con que el acceso al empleo y la calidad del mismo contribuye a poner
fin al círculo vicioso que enlaza discapacidad y estigmatización social, la
Convención contiene un largo listado de mandatos promocionales a los
diferentes Estados. La pluralidad de ámbitos en los que éstos inciden no
hace sino evidenciar la necesidad de adoptar un enfoque poliédrico en la
inserción laboral de las personas con discapacidad, que a día de hoy sigue
presentando no escasos obstáculos 2 . Y es que, atendiendo a los datos más
recientes al respecto 3 , la contratación de personas con discapacidad creció
en 2012 un 27,74% con respecto al año 2003. La cifra mayor se alcanzó
en 2007, con 164.039 contratos, si bien, a partir de dicho año, comenzó a
descender. En concreto, en 2008, cuando comienza la crisis económica, la
contratación de las personas con discapacidad sufre el primer retroceso de
la década, con un decremento del 6,56%, pero es el año siguiente, 2009,
cuando la pérdida es aún mayor, con un descenso de casi el 10%. Los dos
siguientes años presentan resultados positivos, por lo que se podía vislumbrar
un cambio de tendencia, pero éste no se ha culminado al advertirse
en 2012 un nuevo decremento.
Entre las principales medidas propuestas por la Convención en el propósito
de materializar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad,
conviene destacar las siguientes:
• La prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad con
respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
2
Según el último Informe del INE, relativo al empleo de las personas con discapacidad,
la tasa de empleo de este colectivo era en 2012 del 24,5%, más de 30 puntos
inferior a la medida para las personas sin discapacidad.
3
Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal, Servicio
Público de Empleo Estatal, 2013, págs. 11 y 12.