Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el
ordenamiento español para acompasarse a
los mandatos de la Convención. Acceso a la
Justicia
CARLOS GANZENMÜLLER ROIG
Fiscal del Tribunal Supremo
Coordinador de los Servicios de Protección de las personas con
discapacidad de las Fiscalías Provinciales (2003)
Fiscal Delegado ante el Foro Justicia y Discapacidad desde 2003
Ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 y en vigor desde el
día 3 de mayo de 2008, la Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad (CDPD en adelante), forma
parte, a todos los efectos, del Ordenamiento jurídico español en virtud de
lo dispuesto en el Art. 96.1 de la CE, siendo su influencia a nivel Constitucional
de gran trascendencia, al afectar conforme al Art. 10.2 CE, a la comprensión
de los derechos reconocidos en nuestra norma básica en los distintos
Capítulos y Secciones del Título I de la Constitución, así como a los
derechos sociales recogidos en su Capítulo III bajo la rúbrica “Principios
rectores de la política social y económica” (derecho al trabajo, derecho a la
salud, acceso a la cultura, protección de la familia, protección social, entre
otros, y muy especialmente el Art. 49 de la CE).
Ello implica que si halláramos en el Ordenamiento jurídico español alguna
norma contradictoria con el contenido de los derechos constitucionales
tal y como resulta de su interpretación conforme a la Convención,
estaríamos ante una norma inconstitucional y con mayor contundencia, si
cabe, cuando se trata de textos internacionales “especializados” que tutelan
derechos específicos y protegen a categorías específicas de personas.
Además, los valores propugnados en la Convención coinciden plenamente
con nuestros derechos fundamentales como son: el derecho a la
dignidad (Art. 10 CE), a la vida y a la integridad física y moral (Art. 15 CE),
a la libertad (Art. 16 y 17 CE y concordantes en su especifico desarrollo), y
a la tutela judicial efectiva (Art. 24 CE).