Actas del Congreso

382 Cristina Guilarte Martín-Calero
el respeto a sus deseos y sentimientos se refleja, por ejemplo, en prestar
asistencia a los actos que manifiesten esta voluntad y si, excepcionalmente,
se acogiera una medida que comportara representación, debe ser obligada
la información y consulta a la persona de toda decisión relativa a las cuestiones
importantes que la conciernan.
2. La preservación de la capacidad en la esfera de los actos
personalísimos
Tradicionalmente, el legislador prescinde de la concurrencia de la plena
capacidad de obrar en la conclusión de los denominados actos personalísimos
y rebaja las exigencias aparejadas a aquel concepto, de carácter positivo,
la mayor edad y de carácter negativo, la ausencia de incapacitación;
se atiende, en estos casos, a la capacidad natural, lo que permite su conclusión
a menores de edad y a personas que presentan deficiencias psíquicas
que afectan a su capacidad de autogobierno. A este tipo de actos debería
restringirse, a mi juicio, la utilización de la expresión personalísimos, pues
su propia naturaleza excluye la representación y reservarse, entonces, la
expresión actos personales para aquellos otros que, relativos a la esfera
personal y correspondiendo el ejercicio exclusivo, en principio, a su titular,
admiten sin desnaturalizarse la representación legal si la protección del interés
de la persona representada así lo exige 8 . Como actos personalísimos
pueden citarse el matrimonio (art. 56.2 Cc) 9 , el reconocimiento de hijos
(art. 121 Cc) o el testamento (art. 665 Cc).
En relación con los primeros, y como pone de relieve Gordillo Cañas,
se trata de actos trascendentes que son sustraídos por el legislador del régimen
general a que el incapaz quedaría sometido por consecuencia de la
8
Así, internar a la persona con transtorno psíquico (artículo 763 Lec), optar por
la nacionalidad española (art. 20 Cc), consentir el acto de intromisión en el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 3 LO
1/1982), esterilizar a la persona con discapacidad (art. 156 CP), para solicitar la
separación judicial (STC 311/2000, de 18 de Diciembre) o el divorcio (STS 21 de
Septiembre de 2011).
9
El otorgamiento de capitulaciones matrimoniales (art. 1329 Cc) exige una capacidad
refleja a la exigida para la celebración del matrimonio, habilis ad nuptias
habilis ad pacta nuptialia, pero requiere una asistencia al acto de los padres o tutor
que lo distingue de la exigencia de la certificación médica relativa al alcance del
acto jurídico que se pretende concluir, como resulta del art. 56.2 o 665 Cc, o de la
aprobación judicial del reconocimiento extramatrimonial ex art. 121 Cc.