Actas del Congreso

94 José Mª Ayala de la Torre
sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas, corporaciones de
derecho público).
El establecimiento de esta causa de prohibición tiene capital importancia
ya que la consecuencia de contratar con quien está afectado por la
prohibición para contratar es la nulidad del contrato.
2º. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (ley del contrato)
pueden incorporar dentro de la documentación administrativa a presentar
en el contrato por los licitadores la documentación relativa a acreditar
que cuentan con un 2% se trabajadores con discapacidad en plantilla.
3º. Los Pliegos pueden establecer una preferencia en la adjudicación
del contrato a favor de las empresas que tengan un dos por ciento de trabajadores
con discapacidad en plantilla.
Esta posibilidad es un avance, aunque mínimo, pues se trata de una
preferencia en caso de empate (esto es, siempre que dicha proposición
iguale a la más ventajosa, de acuerdo con los criterios que sirvan para la
adjudicación).
4º. La Ley prevé establecer como condición especial de ejecución del
contrato consideraciones de tipo social. Para ello es preciso que el órgano
de contratación lo introduzca en el Pliego.
Se trata de la previsión de mayor relevancia ya que el órgano puede
sobre esta base incluir disposiciones a favor de las personas con discapacidad
en materia de contratación como condición especial de ejecución e
imponer penalidades en caso de incumplimiento o atribuir a las mismas el
carácter de condición esencial del contrato a efectos de resolución del mismo
caso de incumplimiento. Para ello es preciso que figure en el Pliego.
Finalmente haremos unas mínimas consideraciones en cuanto al acceso
a la justicia, previsto en el artículo 13 de la Convención.
Dispone el citado precepto, en su primer apartado, que “los Estados
Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la
justicia en igualdad de condiciones con los demás”, precepto que debe ser
puesto en relación con el artículo 119 de la CE de 1978, en cuya virtud “la
justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
Nuestro Tribunal Constitucional, como supremo intérprete del texto
constitucional, ha venido a indicar que el artículo 119 de la CE, como instrumento
al servicio de la consecución de la tutela efectiva que como derecho
fundamental reconoce el artículo 24.1 de la CE, tiene como finalidad