Actas del Congreso

294 Pilar Cubiles Sánchez-Pobre
grado de discapacidad es igual o superior al 33%. En el caso de que el personal
no asalariado fueran el cónyuge o los hijos menores del empresario y
no hubiera más de una persona asalariada, éstos se computarán al 50%. Si
sufren una minusvalía de 33% o más, esta reducción se aplicará tras haber
aplicado previamente la correspondiente a la discapacidad.
C) Incentivos para las personas que contratan trabajadores con discapacidad
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no hay incentivos
específicamente establecidos por la contratación de personas con discapacidad.
Sólo cabe mencionar que, en el caso de que la actividad se encuentre
en estimación objetiva, la Orden HAP/2206/2013 mencionada establece
que el módulo personal asalariado se computará en un 40% cuando se
trate de un trabajador con un grado de discapacidad del 33% o superior.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que todos aquellos que ejerzan
actividades económicas en estimación directa tienen derecho a aplicar las
mismas deducciones que las previstas en la ley del Impuesto sobre Sociedades
salvo lo previsto en sus artículos 42 y 44.2. En consecuencia, nos remitimos
al apartado 3.2 de este trabajo sobre los incentivos en dicho Impuesto.
3.2. Incentivos fiscales al empleo en el Impuesto sobre Sociedades
El incentivo más importante es la deducción establecida en el art. 41 de
la Ley del Impuesto. En él se concede una deducción de 9.000€ por cada
persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con
una discapacidad en grado igual o superior al 33% e inferior al 65%. Si
es igual o superior al 65%, la cuantía de la deducción asciende a 12.000€.
Hay que subrayar que estas cuantías han elevado la única anteriormente
existente, 6000€, ya que no se distinguía según el grado de discapacidad.
Este incremento y diferenciación fue introducido por la Ley 14/2013, de
27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
que entró en vigor el 29 de septiembre de ese año. Esta nueva regulación
puede responder al punto 4.3 del III Plan de acción para las personas con
discapacidad (2009-2012) que ya comentamos. En él se hacía referencia
a la necesidad de incentivos diferenciados según las características de la
persona afectada. En este caso, se ha tenido en cuenta el grado de discapacidad.
Podría haberse afinado más y distinguir también por sexo o edad,
concediendo mayores incentivos a la contratación de los colectivos con
más dificultades para encontrar trabajo.