Actas del Congreso

Las modificaciones en la normativa de reconocimiento de la situación de dependencia…
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– Si, como ocurre en la reforma que estudiamos, la eficacia del derecho
depende de la resolución administrativa y no de la voluntad del solicitante
—por el efecto de la derogación de la eficacia retroactiva—, diremos que
sólo por la primera puede entenderse establecido verdaderamente el derecho.
Es decir, la resolución administrativa tiene efecto constitutivo y no
declarativo de la situación de dependencia. Esta conclusión es incoherente
con la designación de las prestaciones y servicios como reflejo de un verdadero
derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía,
puesto que, de ser verdaderamente un derecho subjetivo, no dependerían
del acto/voluntad administrativa, sino de la voluntad del titular activo 14 .
– Si, como pasa con la reforma que estudiamos, hay dos grupos claramente
definidos para la efectividad del derecho subjetivo, aquellos que,
por suerte, solicitaron y se les reconoció, antes de la vigencia de las reformas
legales, la situación de dependencia en grado moderado y los que, por
que no pidieron el reconocimiento de un grado superior, esperaron y se
encontraron con que ya tenían que esperar a primeros de 2013 y, después
a 1 de julio de 2015. Esta “distinción aleatoria” es absoluta y radicalmente
inconstitucional por que contradice el principio de igualdad, en cuanto a
que difícilmente puede justificarse objetivamente esta separación 15 .
– Si como nos dice la Ley 39/2006, las prestaciones y servicios deben
partir respetar una serie de principios: atención integral e integrada, valoración
real de la situación atendiendo a las necesidades de las personas y
personalización (Art. 3 de la Ley 39/2006). Estos principios son reflejo del
principio de autonomía (libre desarrollo de la personalidad) —en tanto
procurar medios por los cuales sea su ejercicio real y efectivo— (Art. 10.1 y
9.2 de la Constitución). Y, en todo caso, deben considerarse como propios
del contenido esencial del derecho, en tanto que las medidas deben ser
efectivas y pertinentes para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad.
Pues bien, de aplicarse estrictamente el sistema de incompatibilidad
de prestaciones y servicios del Art. 25 bis nuevo del Art. 39/2006 o de limitarse
como se hace las cuantías de las prestaciones económicas, podría
darse el caso de que la atención, dada la rigidez de la norma, no permitiera
14
Pardo, C. (2007), Reivindicación del concepto de derecho subjetivo, en Alexy, Ob.cit.,
págs. 398-399, diferencia derechos subjetivos (privados) de principios objetivos,
por que estos últimos son consecuencia de intereses reflejos, de forma que sólo
subsisten en tanto exista la norma que les cubre, derogándose sin consecuencias
—no como en el caso de los derechos adquiridos—, no son protegibles anticipadamente,
no exigen una jurisdicción centrada en la persona (legitimación).
15
Pisarello, 107.