Actas del Congreso

144 María José Alonso Parreño
– Derecho incondicionado a un sistema de educación inclusivo a todos
los niveles, en concreto en primaria y secundaria, de calidad, gratuito,
en igualdad de condiciones con los demás y en la comunidad en
que viva cada persona.
– Derecho a medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos
que fomenten al máximo el desarrollo académico y social con el objetivo
de la plena inclusión.
– Los Estados Parte deben garantizar que la enseñanza se imparte con
los lenguajes y medios de comunicación más apropiados para cada
persona.
– Formación de personal en todos los niveles educativos.
– Garantía de educación y aprendizaje toda la vida.
El Comité Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad,
en su examen a España de 19 octubre 2011, expresó sus felicitaciones
por los principios contenidos en la legislación educativa y los logros alcanzados
en cuanto a porcentaje de alumnos en educación ordinaria pero,
al mismo tiempo, se mostró preocupado por los siguientes aspectos:
– La aplicación práctica de las leyes.
– El hecho de que continúa la segregación y la exclusión aduciendo
argumentos económicos para justificar la discriminación.
– La matriculación en colegios de educación especial contra la voluntad
de los padres.
– Reitera que la obligación de ajuste razonable es de aplicación inmediata
y no sujeta a realización progresiva.
– Preocupación porque las administraciones educativas autonómicas
ignoran la Convención.
– Reclama mayor celeridad en la resolución judicial de estas cuestiones.
Es necesario acometer cambios necesarios en la legislación educativa
española y en las prácticas de nuestros sistemas educativos.
Formalmente, la legislación educativa española y el Sistema Educativo
Español parecen respetuosos con los postulados de la Convención, pero
su puesta en práctica no parece suficientemente asegurada (artículo 27
CE y Título II Capítulo I de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Edu-