Actas del Congreso

88 Ana Sastre Campo
bilidad presupuestaria pues precisamente la asignación del presupuesto,
desde una verdadera perspectiva de la Convención, deberá priorizarlas.
Otra de las consecuencias de priorizar el enfoque de la Convención en este
sentido resultaría en la deslegitimación de las argumentaciones de fondo que
sostienen las políticas todavía contrarias al modelo social. Consecuentemente
al fijar un orden de preferencia fundamentado en los objetivos de la CDPD se
produciría una mayor alineación con las políticas públicas y legislaciones; ya
no podemos hablar de proteger a la persona con discapacidad ni velar por su
propio interés cuando el resultado sea la limitación de sus derechos, el propio
Comité de expertos de la CDPD en la reciente Observación General número
1 4 (18bis) dice que el apoyo a la determinación de la voluntad debe ser prioritario
cuando se trata de fomentar el ejercicio de los derechos, y la intervención
de los poderes públicos deberá ir orientada a proteger la autonomía de la persona
y nunca a limitar sus derechos por razón de discapacidad.
Y hablando nuevamente de accesibilidad, una verdadera política pública
a favor de la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad,
debería fomentar el riguroso cumplimiento de la legislación de accesibilidad,
y por lo tanto la administración debería perseguir y sancionar
su incumplimiento.
1.4. Participación de las personas con discapacidad
La participación activa de las personas con discapacidad debe estar presente
en la definición de las políticas públicas y de los procesos legislativos.
Respondiendo a la reivindicación “Nada sobre nosotros sin nosotros”, se
debe asegurar el ejercicio de los derechos de participación consagrados en
la Convención como vía para garantizar que las políticas públicas incluyan
la perspectiva de cada uno de los miembros que integran la sociedad, incluidas
las mujeres y hombres con discapacidad.
La Convención lo recoge en el Preámbulo: “las personas con discapacidad
deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos
de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que
les afectan directamente”, y dentro de las obligaciones generales del artículo
4.3 cuando dice que
“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacio-
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CRPD/C/GC/1.