Actas del Congreso

La recepción de la Convención en el Derecho español como tratado…
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estén mejor atendidas en un centro de educación especial más que en el marco de la
educación general de los centros ordinarios (FJ 5)”.
No se puede compartir la posición del Tribunal Constitucional. No corresponde
en absoluto a la Administración educativa resolver si es mejor
para el menor la educación especial o la inclusiva, pues esta opción ya ha
sido realizada por el legislador en favor de la segunda —por el legislador
internacional en la Convención, y por el español al autorizar su ratificación—,
exigiendo además que para la integración de los educandos en los
centros educativos ordinarios se realicen los ajustes que resulten necesarios.
Según la doctrina formulada por el propio Tribunal en el fundamento
jurídico precedente, la Administración educativa únicamente puede aducir,
siempre y cuando lo justifique adecuadamente, que, en un caso concreto
y de forma excepcional, tales ajustes representan una carga irrazonable
o desproporcionada. Así lo señala con todo acierto el Magistrado Ortega
Álvarez en un voto particular discrepante:
La ausencia de motivación en la resolución administrativa de cómo los
apoyos que precisa el menor, suponen una carga desproporcionada para la
Administración educativa en el caso concreto del menor, supone un desconocimiento
de los principios que deben inspirar la educación de los menores
con discapacidad, pues la excepción de la escolarización en centro de
educación especial obligan a la Administración a realizar dicha ponderación.
Ni la Administración, ni los técnicos que informaron sobre el menor,
han explicitado por qué los ajustes que debía realizar para proporcionar al
menor la educación inclusiva a la que, en principio, tiene derecho, no son
razonables o suponen una carga desproporcionada o no serían suficientes
para la inclusión del menor.
Sobre esta materia se han producido, por lo demás, dos Sentencias de
otros órganos judiciales que caminan en una dirección mucho más acertada,
y que, por ello, merece la pena comentar. De un lado, la Sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2011, que, estimando el recurso
de casación frente a la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 4 de diciembre de 2009, considera vulnerado el derecho a la
educación porque en el Aula de Comunicación y Lenguaje de un Colegio
público no se habían habilitado los medios adecuados para la atención de
un niño con trastorno del espectro autista 8 . Ciertamente, en esta Senten-
8
Esta Sentencia ha sido comentada por Alonso, María José-de Araoz, Inés (2011),
cit., págs. 184-187.