Actas del Congreso

La protección de las personas mayores y con discapacidad en el sistema…
327
La incertidumbre y limitación que impregna el artículo invocado por el
legislador se podía haber evitado con la elección de un título competencial
más sólido y favorable, que otorgara al Estado un papel protagonista
en la articulación del Sistema de dependencia a través del reconocimiento
de competencias sobre la legislación básica y el régimen económico del
Sistema 5 .
Así es, la incardinación de la protección de la dependencia en el artículo
149.1.17ª CE permitiría respetar la configuración actual, es decir,
reservar al Estado la competencia para dictar una “legislación básica” homogeneizadora
y racionalizadora en todo el Estado español y garantizar
la intervención de las Comunidades Autónomas en la regulación de las
materias “no básicas”, al mismo tiempo que se alcanzaría el tan necesario
equilibrio entre las diferentes Administraciones públicas en esta materia
y, en consecuencia, una mejor cobertura de esta situación de necesidad
social. Sin duda, la inclusión como derecho de la Seguridad social hubiera
aportado una mayor certeza de regulación, tanto del derecho como de su
ámbito de cobertura, pues la garantía sería ex lege y no por la vía de desarrollo
reglamentario (Monereo, Molina, Moreno y González, 2007: 121). Sólo
así se hubiera permitido el reconocimiento de un derecho subjetivo pleno
y universal a las personas dependientes y la garantía de una cobertura uniforme,
equitativa y pública a todos los ciudadanos con independencia del
territorio nacional en el que se ubiquen 6 .
que “es dudosa la capacidad del Estado para crear un órgano mixto con base en
el artículo 149.1.1ª CE, que no le permite organizar la actuación de otros poderes
públicos”, pág. 42.
5
Así lo consideran, en toda lógica, Vida Soria, José. y Gonzalo González, Bernardo,
“Sobre el futuro de las políticas de protección social: la promoción de la autonomía
personal y la atención a la dependencia”, Documentación Administrativa, Nº
276-277 (septiembre-diciembre 2006, enero-abril 2007), pág. 121, al asegurar que
“la igualdad de trato para todos en todo el territorio del Estado se habría alcanzado
respetando el modelo estricto de Estado de Bienestar que la Constitución
propone: nada de crear un extraño híbrido institucional, poco eficiente y sin precedentes
en el Derecho propio ni en el europeo histórico, sino acogiéndose a las
reglas constitucionales sobre reparto de competencias de Seguridad Social entre
los Poderes Centrales del Estado (régimen económico y legislación básica) y los
Poderes territoriales (gestión y legislación adicional), en combinación con la gestión
autonómica de las instituciones asistenciales de función complementaria”.
6
Tricio Gómez, Francisca, “Reflexiones de la UDP sobre la futura Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas Dependientes”, RMTAS,
Nº 60 (2006), pág. 111; Cayo Pérez Bueno, Luis, “La configuración de la autonomía
personal y la necesidad de apoyos generalizados como nuevo derecho social”,