Actas del Congreso

142 Carlos Ganzenmüller Roig
En esta línea de actuación, la Fiscalía puede quedarse retrasada en la
prestación del servicio al “interés público y social”, encomendado como
“misión” por el art. 124 de la CE, pues es una indiscutible realidad, la creación,
cada vez con mayor frecuencia de órganos de protección institucional
de las personas con discapacidad, proveniente de la numerosa normativa
autonómica y local, como consecuencia de la acción asistencial de las
diferentes administraciones.
En definitiva, debería modificarse la Instrucción nº 4/2009, y adaptarla
a las necesidades reales de nuestra intervención.
Así, en la totalidad de las Comunidades Autónomas, los respectivos “Defensores
del Pueblo” asumen esta materia por medio de Adjuntos especializados,
o Defensores de las personas con discapacidad, específicamente así
denominados, dada la trascendencia de la materia y su imparable aumento,
constituyendo uno de los “problemas” más acuciantes en los respectivos
territorios, sobre todo, a partir de la entrada en vigor de la “Ley de Dependencia”,
por lo que resulta necesario que este efecto expansivo, llegue
también a nuestra Institución.