Actas del Congreso

616 Verónica San Julián Puig
terlocutor con el equipo médico que le tratará. El despliegue de esta figura
puede servir de cauce para el despliegue y desarrollo de las instrucciones
previas, ya que puede ser un instrumento muy valioso para el paciente al
que puede resultar difícil representarse la situación en la que se va a encontrar
en ese futuro más o menos inmediato y tomar la decisión de lo que
querrá en ese momento. Mientras que señalar unas líneas generales de
actuación según sus convicciones y nombrar a una persona cercana, de su
confianza, para la concreción de esas líneas generales o la decisión según
las mismas, le puede resultar más accesible e incluso generarle “sensación
de mayor control de la propia toma de decisiones” (Martínez, 2003: 62).
2.2. Cuatro problemas en la base de todas ellas
Destacamos cuatro problemas de fondo, uno de carácter sociológico y
tres de corte jurídico, que nos permiten ver la diferencia porque siendo
comunes, a través de ellos se aprecia cómo se defiende a la persona en
circunstancias diferentes.
A) Primer problema: la forma en que esa voluntad anticipada ha de ser recogida
Vaya por delante una afirmación y es que ahí donde entra en juego el
Registro civil hay escritura pública y donde no entra, no es preciso escritura.
Dado que estamos hablando de la expresión anticipada de la voluntad,
de una toma de decisiones que se adelanta a los efectos de una enfermedad
que va a mermar la capacidad futura de adoptarlas por uno mismo; y,
por tanto, decisiones que habrán de ser ejecutadas cuando el sujeto ya no
pueda velar por su adecuada ejecución, se hace preciso que esa voluntad
quede plasmada en un documento que garantice que la voluntad queda
bien recogida y que llega a su destinatario que será el encargado y responsable
de su ejecución.
Con relación a las dos primeras herramientas el Código civil opta, con
acierto, por la vía notarial. En el caso de los apoderamientos preventivos
son apoderamientos notariales, de modo que la forma está clara y cuenta
con todas las garantías que este mecanismo otorga. En el caso de la autotutela
podemos hablar de una deficiencia técnica ya que el Código civil
señala que la designación del tutor ha de hacerse en “documento público
notarial”. Esta referencia es tan abierta que incluye la posibilidad de hacerlo,
además de en escritura pública, en testamento (Serrano, 2008: 200),
vía que se ha de desechar al no ser un medio adecuado para recoger una