Actas del Congreso

Las modificaciones en la normativa de reconocimiento de la situación de dependencia…
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destacan dos normas: primera, la Disposición Adicional Novena, deroga
el efecto retroactivo que hayan obtenido los que no hayan todavía podido
disfrutar del derecho y suspende la efectividad del derecho reconocido a
dos años, desde la fecha de resolución o del transcurso de 6 meses desde
la solicitud (silencio positivo) para los ya reconocidos; Segunda, la Disposición
Transitoria Novena, suspende la efectividad del reconocimiento de
por dos años, desde la fecha de la resolución de reconocimiento de una
prestación, cuando no fuera reconocido antes de la vigencia de la norma.
b) La creación de una norma general, el Art. 25 bis de la Ley 39/2006,
por el RD Ley 20/2012, que regula un sistema de compatibilidades que
determina que obtenido uno de las prestaciones, estas serán incompatibles
con el resto, “salvo los casos de los servicios de prevención de las situaciones
de dependencia, de promoción de la autonomía personal y de
teleasistencia”; y en el caso de los servicios, “a excepción del servicio de
teleasistencia que será compatible con el servicio de prevención de las situaciones
de dependencia, de promoción de la autonomía personal, de
ayuda a domicilio y de centro de día y de noche”. Se debe tener presente
que, excepcionalmente, el tercer párrafo dice:
“No obstante lo anterior, las administraciones públicas competentes podrán establecer
la compatibilidad entre prestaciones para apoyo, cuidados y atención que
faciliten la permanencia en el domicilio a la persona en situación de dependencia,
de tal forma que la suma de estas prestaciones no sea superior, en su conjunto, a las
intensidades máximas reconocidas a su grado de dependencia. A los efectos de la
asignación del nivel mínimo establecido en el artículo 9, estas prestaciones tendrán
la consideración de una única prestación”.
c) En cuanto a la cuantía de las prestaciones económicas es razonable
indicar que diversas disposiciones la han reducido: primero, el Real Decreto
570/2011, de 20 de abril, modifica el RD 727/2007, sobre criterios
para determinar las intensidades de protección de servicios y cuantías de
las prestaciones, somete la actualización de las cuantías de las prestaciones
económicas al IPREM y no al IPC —claramente superior—, a partir de su
vigencia; Segundo, el RD —Ley 20/2012, en su Disposición Transitoria Décima
y Undécima, reduce un 15% las cuantías máximas de las prestaciones
económicas por cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y
de la prestación vinculada al servicio y, en la siguiente disposición, reduce
la aportación de la Administración General del Estado a la financiación del
nivel mínimo de protección.