Actas del Congreso

Reflexión acerca una posible compatibilidad entre los mecanismos sustitutivos…
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ausencia de asesoramiento por parte de las instituciones, fundaciones o
asociaciones acerca de la incapacitación, temor a las propias costas que
pueden acarrear el procedimiento, la generalización de supuestos en los
que el demandante solicita la incapacitación atendiendo únicamente a sus
intereses patrimoniales o en intereses de terceros especialmente cuando el
incapacitado es propietario de un abundante patrimonio (lo que desprestigia
a la institución) y la sensación de marcar a la persona con discapacidad
intelectual con una lacra.
Sin embargo, la principal causa por la que no se acude al procedimiento
de incapacitación es la no necesidad del mismo. La mayor parte de las
personas con discapacidad intelectual se encuentran bien atendidas en su
entorno familiar, bajo lo que se denomina guarda de hecho, y no se hace
necesario iniciar dicho procedimiento. Lo que se corresponde claramente
con el sistema de cuidados informales que caracteriza a los países mediterráneos
en el que el cuidado de las personas necesitadas, especialmente los
mayores es asumido por la familia, en concreto por la mujer 21 . Cuando una
persona está bien atendida no es necesario iniciar en muchas ocasiones el
procedimiento de incapacitación o de modificación de la capacidad de
obrar 22 .
4. Reflexiones finales
A la hora de afrontar una posible reforma de los procedimientos de
modificación de la capacidad de obrar en aras a adaptar nuestra legislación
a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad,
habría que tener en cuenta que, en primer lugar, la Convención no ha
querido eliminar la clásica distinción entre capacidad jurídica y capacidad
de obrar. En segundo lugar es necesario destacar que los mecanismos
de sustitución pueden resultar necesarios para que la persona con
discapacidad intelectual pueda válidamente ejercer sus derechos en el
tráfico jurídico. Como tercera conclusión resalto la necesidad de que
cualquier medida que se adopte deberá contar con la intervención judicial.
21
Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de dependencia en España, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, disponible en: http://www.tt.mtas.es, capítulo
III, pág. 53.
22
Vid., Martínez de Aguirre, Carlos, El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica:
reflexiones para una reforma legal, pág. 135.