Actas del Congreso

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Pero, realizada así una rápida visión que evidencia el incumplimiento
de la igualdad ante la ley en parámetros o ámbitos que afectan a cuestiones
esenciales a derechos personales de las personas con discapacidad,
vayamos al propio fondo de esta materia que en la Convención es
considerado de manera específica en su artículo 5 y, a su vez, aparece
proclamada con meridiana claridad en el artículo 14 de nuestra Constitución,
que se complementa con la prohibición de la arbitrariedad y el
sometimiento a la ley por parte de los poderes públicos que establece el
artículo 9 de la misma.
Con Ana Sastre 9 podemos denunciar como evidencias de una atención
desigual ante la ley la regulación de la esterilización de personas con discapacidad
(art. 156 CP), o, especialmente, la regulación del internamiento
involuntario que aún sostiene, en paradójica contradicción, el vigente
art. 763 de la Ley procesal, declarado, sin embargo, inconstitucional por
el TC 10 . Aún más grave es la privación del derecho de sufragio que una
lectura restrictiva e inadecuada de lo que establece el art. 3.2 de la L.O.
5/1985, permite a los jueces y magistrados que dictan diariamente sentencias
de incapacitación, y al pronunciarse sobre ese extremo, presumen una
incapacidad para ejercer aquel derecho personalísimo que, sin embargo,
apenas si es objeto de prueba o de debate o alegación en el proceso y que,
a la postre, no constituye sino la evidencia de una presunción negativa y,
con ello, la exclusión de un derecho de participación en la vida política y
social que, no obstante, es proclamado expresamente por el art. 29 de la
Convención.
Hay que resaltar, por el contrario, noticias positivas en este ámbito, y
muy especialmente, por el acertado análisis que la misma realiza la recientísima
sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sec. 10ª, de 12 de
mayo de 2014, cuyo FD 17 establece:
“La pérdida del derecho de sufragio no es una consecuencia automática o necesaria
de la incapacidad, sino que es posible la incapacitación y la reserva al incapaz de
su cuenta o pagar por la inclusión razonable de sus hijos en el sistema tradicional
de educación. 44. El Comité reitera que la denegación de un acomodo razonable
de los alumnos constituye discriminación y que la obligación de proporcionar un
acomodo razonable a los alumnos es de aplicación inmediata y no está sujeta a la
realización progresiva”.
9
Sastre, A., “La no discriminación de las personas con discapacidad en la CDPD”,
en 2003-2013, 10 años de legislación sobre no discriminación. Estudios homenaje a
Miguel Ángel Cabra de Luna, CERMI.es, Madrid, nº 55, 2012.
10
Sentencias Tribunal Constitucional 131 y 132, de 2010, de 2 de diciembre.