Actas del Congreso

522 Susana Montañez Heredia
mento de los Centros Especiales de Empleo) y en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre (Ley General de Subvenciones).
Queda pendiente el dotar de mayor razón de ser a las Unidades de
apoyo puesto que si un CEE no tiene trabajadores con esas dificultades,
se entiende que no está obligado a arbitrar la creación de la misma. No
cabe duda que esto no es del todo eficaz puesto que debido al carácter
multidisciplinar de la misma se puede posicionar como un referente de
tratamiento de la discapacidad de manera profesional y que interactúe en
la gestión de colocación como órgano que arbitre las mejores condiciones
para el desempeño del puesto. Esto le daría a los CEE un aspecto impecable,
además de una garantía a las empresas externas de profesionalización
del sector. A veces no se conocen los beneficios a la contratación de las
personas con discapacidad, otras veces es el temor a la propia discapacidad
lo que hace que no se tenga en cuenta el colectivo. Dando pues un mayor
protagonismo a las unidades de apoyo éstas podrían pasar a denominarse
de apoyo y asesoramiento de tal manera que su labor la hicieran desde
dentro de la empresa hacia el mercado de trabajo.
Desde otro punto de vista, el compromiso público que envuelve la Convención
se determina en esta materia en el artículo 45 de la Ley General de
la Discapacidad donde proclama el deber de las Administraciones públicas
de promover la creación y puesta en marcha de centros especiales de empleo
a la vez que el fomento de puestos de trabajo en le empresa ordinaria
para personas con discapacidad. Asimismo vigilarán, de forma periódica y
rigurosa, que las personas con discapacidad sean empleadas en condiciones
de trabajo adecuadas.
Queda pendiente en este caso el haber establecido los medios adecuados
para ello, de tal manera que la declaración de derechos de la Convención
y el compromiso de los Estados firmantes, no tenga un desarrollo tan
corto en el articulado español. Así por ejemplo se podía haber arbitrado
el mecanismo adecuado para ese control que también se referencian en
el art. 44 en relación a las compensaciones económicas y que tampoco se
determina tanto en el momento de la aprobación del Centro como de los
proyectos que se desarrollan en el mismo El artículo 46 de la Ley General
de la discapacidad, menciona tímidamente los enclaves laborales para facilitar
la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con
discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo, cuyas características
se determina en el Real Decreto 290/2004 de 20 de febrero