Actas del Congreso

54 Rafael de Lorenzo García
El marco legal establecido en el artículo 12 de la Convención, impone
un cambio de modelo del actual sistema de “Sustitución representativa”
esencia de la figura de incapacitación, por un modelo innovador de “Apoyos”.
Aunque ya se empieza a percibir algunas reformas legislativas en varios
Estados Partes de la Convención en relación con la implementación
del artículo 12, ello no supone que sea muy optimista en cuanto al resultado
final, pero lo cierto es que en países como Argentina, Canadá, Irlanda,
Hungría, en los Balcanes, en India, por nombrar algunos, se encuentran
inmersos en proceso de discusión para la reforma de la legislación doméstica
en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
En lo que se refiere a nuestro país, en donde se han dado avances legislativos,
como la Ley 26/2011, de 1 de agosto que avanzó en el objetivo
de adecuación concreta de la regulación en materia de discapacidad a las
directrices marcadas en la Convención, lo cierto es que se han dejado sin
tratar aspectos relevantes como el de la capacidad jurídica, como bien se
encargó de recordar el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas, órgano de expertos independientes
que supervisa la aplicación de la Convención, tras examinar el Informe
presentado por España para determinar el grado de cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud de la Convención, y que entre sus observaciones,
en su sesión de 23 de septiembre de 2011, recogió entre sus
“principales motivos de preocupación y recomendaciones”, la referida al
incumplimiento del artículo 12 de la Convención “Igual reconocimiento
como persona ante la ley”.
El Informe aludido subraya la importancia de que el régimen de asistencia
para la toma de decisiones “respete la autonomía, la voluntad y las
preferencias de la persona”. Asimismo, se deplora “que los tutores que representan
a personas con discapacidad consideradas “legalmente incapacitadas”
puedan legalmente consentir en que se terminen o se suspendan
el tratamiento médico, la nutrición u otros medios de sustentación de la
vida de esas personas”. También solicita al Estado “que derogue las disposiciones
que autorizan el internamiento forzoso a causa de una incapacidad
manifiesta o diagnosticada”. Finalmente señala su preocupación de que en
España, “se pueda restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad
intelectual o psicosocial si la persona interesada ha sido privada de su
capacidad jurídica o ha sido internada en una institución”.
Se hace menester, por tanto, desarrollar convenientemente el derecho
a la capacidad jurídica y los apoyos en la toma de decisiones, y el derecho