Actas del Congreso

330 Manuela Durán Bernardino
En esta línea, los cambios que se emprendan, por otro lado más que
necesarios, deberían dirigirse al rediseño del sistema, sentando unas bases
más sólidas, que permitan su fortalecimiento y que lo dote de la coherencia
de la cual ha adolecido hasta el momento, haciéndolo, al mismo tiempo,
más sostenible económicamente. Para ello, será necesario apostar por las
prestaciones de servicios, porque a medio y largo plazo resultarán menos
costosas en relación al PIB que las prestaciones económicas al generar empleo
y actividad económica 11 . Y es que, un sistema como el actual, en el
que, en teoría, se le da prioridad a las prestaciones de servicios pero en
cambio predomina destacadamente la concesión de prestaciones económicas,
no es financieramente viable. Como se verá, en esta línea se mueve la
modificación introducida por el RD-Ley 20/2012 y por el RD 1051/2013 al
adecuar la aportación del Estado no solo en función del número de beneficiarios
y de su grado de dependencia, sino también teniendo en cuenta
el tipo de prestación reconocido, lo cual, podría repercutir en un mejor y
mayor control del presupuesto y del gasto autonómico, si no representase
una fórmula más para reducir el gasto público ante la deficitaria red de
servicios con la que cuenta actualmente España.
Del mismo modo, se debería potenciar la fiscalización y control económico-financiero
y analizar la utilización de los fondos destinados al desarrollo
de la Ley de dependencia por parte de las Comunidades Autónomas.
Éstas deberían informar de forma detallada de los ingresos y gastos
destinados específicamente a la Dependencia, reflejando con precisión su
relación con el número de beneficiarios, grado de dependencia y prestación
concedida.
Ante la certeza de que un mayor aporte financiero por parte de las
administraciones tardará en llegar, los esfuerzos deben concentrarse en
conseguir la excelencia en la gestión, organización, administración y coorciales
y culturales no son rescindibles en épocas de crisis económica. Con anterioridad,
el Consejo de Derechos Humanos fue más allá al advertir a los Estados de
que las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad
de las autoridades nacionales y la comunidad internacional en la realización
de los derechos humanos, ya que los principios de derechos humanos son los que
deben guiar cualquier estrategia de recuperación para hacer frente a una recesión
económica.
11
Así lo prueba la Asociación de directoras y gerentes al estimar que si toda la ley
se basara en servicios, en lugar de prestaciones económicas para cuidados en el
entorno familiar los retornos a las arcas estatales alcanzaría el 40% de lo invertido,
superando notablemente el 28,44% actual.