Actas del Congreso

El honor y la imagen de las personas con discapacidad a la luz de la Convención…
547
(…) incluso contra su dignidad. Y la conclusión anterior no puede resultar condicionada
por el hecho de que no mediara una declaración judicial de incapacitación del
señor H., pues ello supondría, en definitiva, supeditar la eficacia de la previsión del
art. 49 CE, y el consiguiente disfrute por parte de las personas con discapacidad de
los derechos constitucionales, a la existencia de tal declaración, limitación que en
modo alguno cabe extraer de la previsión constitucional (FJ Sexto) 19 ”.
4. Exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad para casos como el de autos
Son varios los autores que, comentando la Sentencia del Tribunal Supremo
y la del Tribunal Constitucional, llegan a brillantes soluciones que
pueden ser de aplicación en este tipo de casos sin necesidad de recurrir a
la Convención, que ciertamente no estaba en vigor cuando los presentes
hechos sucedieron 20 .
Así (Cabezuelo Arenas, 2010: 165, 181, 182), tras denunciar la precariedad
de la Ley Orgánica 1/1982 “para reaccionar frente a abusos
19
Para el Tribunal Constitucional, “hay que superar esa percepción objetiva de la incapacidad,
esto es, la valoración de si existe o no el consentimiento expreso (…) no
puede hacerse depender únicamente de una declaración judicial de incapacidad”.
En parecido sentido se manifestaba una de las Magistradas en su voto particular en
el Auto de 10 de enero de 2011, en el que se pronunciaba a favor de la admisión
del incidente y concluía que en el supuesto concreto el actor no había prestado su
consentimiento expreso. A su juicio, el reenvío del artículo 3.1 de la Ley 1/1982 a
la legislación civil pone de manifiesto que una situación de discapacidad no puede
hacerse depender de una declaración judicial, como ocurre a la hora de analizar la
validez de los negocios jurídicos concluidos por la persona que no tiene capacidad
de entender sus actos, a pesar de no estar incapacitada. Esta misma línea argumental
es seguida por el Ministerio Fiscal en su demanda de amparo.
20
Pese a ello, en el proceso judicial se menciona la Convención en varias ocasiones.
Así, en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el Fiscal ante el
Tribunal Supremo, en el que alegó, entre otras vulneraciones, la del derecho a la
integridad física y moral (artículo 15 CE y artículos 15 y 17 de la Convención) al
afectarse la dignidad de la persona discapacitada. Más tarde y de nuevo el Ministerio
Fiscal, en la interposición del recurso de amparo, considera que la discapacidad
del actor obligaba al Tribunal de casación a intensificar los mecanismos de
protección de sus derechos fundamentales en línea con lo dispuesto en la Convención
—en este caso, cita en concreto el artículo 22.1—, y ello por mandato del
artículo 10.2 CE. Asimismo, la Sentencia del Tribunal Constitucional considera
que la Convención de forma particular, junto con otras normas, “suponen un paso
más hacia la igualdad de las personas con discapacidad y el reconocimiento de su
capacidad (…)” (FJ Sexto).