Actas del Congreso

398 Alba María Hernández Sánchez
un fuerte compromiso hacia el cumplimiento de las políticas educativas en
la materia, sin embargo son pocas las universidades que cumplen con los
requisitos mínimos de accesibilidad que garanticen el acceso a una educación
para todos y todas a lo largo de toda la vida. Además, desde el informe
del Observatorio de la accesibilidad TIC de Discapnet sobre tecnología
educativa 2.0, “la principal conclusión extraída del mismo es que el nivel
de accesibilidad de los recursos y servicios de la Tecnología Educativa 2.0 es
todavía muy deficiente” (2013:11), limitando el acceso y aprovechamiento
de los entornos virtuales para el aprendizaje de toda la población.
Como ya se comentó con anterioridad, el cambio social está sujeto al
cambio desde una perspectiva holística donde toda la sociedad ha de participar
activamente bajo un gobierno que vela por la aplicación y cumplimiento
de los derechos de las personas. Verdugo, Gómez y Navas (2013:36)
señalan que “es mucho el trabajo que queda por hacer tanto en el entorno
más próximo de las personas con discapacidad (nivel microsistema), como
en el ámbito organizativo y legal (nivel meso y macro)”.
En este panorama y desde la entrada en vigor en España de la Convención,
el CERMI reclamó
“la activación de un proceso de inclusión educativa que permitiera la plena incorporación
de los alumnos con discapacidad en la escuela ordinaria contando con los
apoyos necesarios que menciona la Convención y que deben permitir el ejercicio de
este derecho en igualdad de condiciones. Sin embargo los datos de los últimos años
no muestran una tendencia en este sentido” (2012:72).
Así mismo, en los estudios realizados en referencia a la educación a distancia
en entornos virtuales, y a pesar de que la Ley orgánica 4/2007, de 12
de abril (LOMLOU), de Universidades (que modifica la Ley 6/2001, de 21
de diciembre-LOU) explicita en su Disposición adicional vigésima cuarta
LOU modificada por la LOMLOU que
(…) los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro
de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se
impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad,
el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener
información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de
igualdad, se corrobora la falta de accesibilidad aludiendo a que “no contempla las
condiciones adecuadas de accesibilidad incluso cuando se trata de formación pública
o financiada con fondos públicos” (CERMI, 2012: 80).
El interés de la población en general por formarse en entornos virtuales
de aprendizaje, y en concreto de las personas con discapacidad, es innegable.
Observándose que en España, uno de cada tres alumnos con disca-