Actas del Congreso

290 Pilar Cubiles Sánchez-Pobre
tegia parece hablar de ayudas directas para adaptar los puestos de trabajo
en caso de discapacidad del trabajador, nosotros consideramos que dichas
adaptaciones podrían incentivarse mediante el establecimiento de deducciones
en los impuestos del empresario.
La Estrategia que comentamos se ha concretado en el III Plan de acción
para las personas con discapacidad (2009-2012). En él y dentro del área III
referida al empleo se vuelve a incidir en estudiar posibles modificaciones
en el sistema impositivo y la posibilidad de introducir incentivos económicos
para compensar los gastos de personas con discapacidad severa por
participar en el mercado laboral, se plantea fomentar la investigación y desarrollo
en materia de accesibilidad integral y diseño universal y se plantea
modular la política de incentivos a las empresas según las características
del trabajador: grado de discapacidad, sexo y edad (v. puntos 1.6, 3.5, 4.3
y 6.6 del Plan).
Volviendo al Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre ya
mencionado, este integra la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre,
de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Pero no sólo eso, este Real Decreto legislativo también asimila los principios
de la Convención Internacional que comentamos. En relación al derecho
al trabajo, destacan sus artículos 37, 39 y 47. En efecto, el apartado primero
del art. 37 dispone que “Será finalidad de la política de empleo aumentar
las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas
con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus
condiciones de trabajo”. El art. 39 desarrolla las posibles ayudas a la generación
de empleo. En su apartado 2 contempla las siguientes: subvenciones
o préstamos para la contratación; adaptación de los puestos de trabajo;
eliminación de todo tipo de barreras que dificulten su acceso, movilidad,
comunicación o comprensión en los centros de producción; posibilidad
de establecerse como trabajadores autónomos; bonificaciones en las cuotas
de la Seguridad Social y cuantas otras se consideren adecuadas para promover
la colocación de las personas con discapacidad, especialmente la
promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social. Hemos
subrayado “cuantas otras” porque entre ellas se podrían incluir las medidas
fiscales, las cuales podrían ser muy útiles en este ámbito. Por último, el art.
47 insiste en que los poderes públicos deben adoptar políticas de fomento