Actas del Congreso

El acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, exigencias de la Convención
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lo que quiebra el derecho de defensa y los principios de seguridad y de
legalidad.
La Disposición Adicional Segunda establece el procedimiento para la
autorización judicial de la esterilización de personas que no puedan prestar
en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo 1 del
artículo 156 del Código Penal.
En la regulación vigente, la autorización solo podrá concederse respecto
de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica, disponiéndose
que la decisión deberá adoptarse bien en el procedimiento
de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción civil, tramitado
con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz,
oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio fiscal y previa exploración
del menor, indicándose que la decisión se adoptará tomando como
criterio rector el del mayor interés del incapaz.
Con la reforma será necesaria autorización para la esterilización de
persona que no pueda prestar en modo alguno el consentimiento válido,
libre, consciente y expresamente emitido al que se refiere el párrafo primero
del artículo 156 CP. La mención de la Disposición Adicional Segunda
al procedimiento de modificación de la capacidad, apunta a la necesidad
de que esa persona carente absolutamente de aptitud para consentir sea
declarada incapaz.
La novedad no está tanto en el procedimiento, sino en los criterios rectores
de la autorización de la esterilización. Mientras que en texto vigente
el criterio es “el mayor interés del incapaz”, en la reforma se indica que
han de tratarse de “supuestos excepcionales en los que se produzca un grave
conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvar el prevalente”,
introduciéndose de este modo un sistema mucho más restrictivo, que previsiblemente
va a cerrar buena parte de las posibilidades de esterilización
que se ofrecen ahora. Estimándose más adecuados los criterios actuales,
que buscan la protección del mayor interés del incapaz partiendo del reconocimiento
de su derecho a la sexualidad y la realidad de la misma en las
personas incapaces.
El Anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria, establece en su Exposición
de motivos:
Esta ley se ha elaborado al mismo tiempo que otras reformas importantes de normas
que también aquí son objeto de modificaciones, como sucede con el Código Civil,
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Ello es así, en primer lugar y en lo
que se refiere a las dos primeras normas que se señalan, porque está en marcha su