Actas del Congreso

578 Joaquín María Rivera Álvarez
producto del decisionismo político y administrativo, depende hoy en día
de los problemas y límites de financiación de nuestro Estado.
Es cierto que, desde la perspectiva política, el debate de la crisis del
Estado del Bienestar y su recorte también lo sufrimos actualmente. Su
mayor incidencia se produce en los años 70, cuando nace, y en los años
80, cuando se consolida en Europa (desmantelamiento de estructuras de
protección pública, privatización de la provisión y residualización de las
prestaciones sociales). Pero la realidad es que, junto a las tendencias ideológicas,
hay dos debilidades añadidas: a) La insuficiente construcción de
los derechos sociales y su sistema de protección en nuestra Constitución
democrática del año 1978, como veremos en el siguiente punto; b) nuestra
dependencia económica por la incorporación de nuestro país en la
Unión europea (destrucción del tejido productivo industrial y agrícola) y a
la Unión Monetaria (incapacidad de controlar el flujo monetario); lo que
determina que nuestra financiación pública esté condicionada a un equilibrio
requerido —inicialmente mediante los “criterios de convergencia”
que exigía no superar el 3% de déficit público ni el 60% de deuda pública
ya en 1998, y posteriormente, ante la crisis, la obligación de estabilidad presupuestaria
impuesta en el año 2010— que, como se ha visto a partir de la
crisis financiera y económica de 2007, nos ha obligado a realizar recortes.
Así, la regresión que vamos a examinar —la que se impone en un nivel
legislativo— se produce sobre todo, a partir del año 2011 —sin perjuicio de
que el sistema sufría desde claramente desde el año 2009, por problemas
de financiación, un serio parón administrativo— 2 . Destacaremos sólo las
medidas que directamente imponen una restricción de los derechos reconocidos,
es decir en el derecho a la vida independiente. Y dentro de ellas,
por cuestiones sistemáticas, diferenciaremos, unas que van encaminadas
2
Nos dice (Rodríguez Cabrero 2012: 330): “el giro dado en la economía política
española en mayo de 2010 desde unas políticas keynesianas de estímulo económico
(sobre la consideración de que la crisis era pasajera) a otras de consolidación
y austeridad fiscal, forzadas por la UE y el BCE, supone el inicio de la aplicación
de políticas de contención del gasto público que, en el caso de la dependencia,
se reflejan por primera vez en una contención del gasto en 2011. El cambio de ciclo
político en noviembre de 2011 supone una intensificación en dichas políticas
de ajuste, que son recogidas por el Programa Nacional de Reformas de abril de
2012 y desarrolladas en normativas urgentes, no pactadas entre partidos políticos
y agentes sociales, bajo la forma de decretos-leyes (caso de la reforma laboral, la
sanidad, el sistema educativo y el sistema de atención a la dependencia) y bajo el
supuesto dictado inapelable de la Comisión Europea y el BCE)”.