Actas del Congreso

El IRPF y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad…
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Este es el parecer de la Administración tributaria que sienta doctrina administrativa
a través de la Dirección General de Tributos en su contestación
a la consulta vinculante de 28 de mayo de 2008 y la de 28 de septiembre de
1995. Sin embargo, no es pacífica esta cuestión en la doctrina, invocándose
la necesidad de revisar este criterio en base a razones de igualdad con el
supuesto contrario al que antes aludíamos (Alonso-Olea, Lucas Durán y
Martín Dégano, 2009: 258).
Es posible que conforme al procedimiento previsto en la legislación
sobre Seguridad Social, la calificación de la incapacidad permanente se
revise, y acabe por transformarse de no exenta en exenta (o al revés). Nos
encontramos ante un problema de eficacia jurídica del acto administrativo
que reconoce la nueva situación y, con ello, del derecho a la nueva
prestación. Y decimos “nueva”, porque la modificación de la calificación
entendemos no implica una paralela modificación de la prestación, sino el
nacimiento de otra nueva, distinta de la anterior. El asunto tiene su importancia
tanto en un caso, dado que la prestación percibida pasaría a quedar
exenta, como en el contrario, en el que la nueva prestación tributaría.
¿Cuándo debemos entender que ocurre una cosa o la otra? ¿desde el
momento de la declaración administrativa que reconoce la nueva situación?
¿desde que los Servicios de Valoración la apreciaron? o ¿desde el
momento en que se sufrió la mejora o empeoramiento que determina la
nueva calificación de la incapacidad permanente? Aunque refiriéndose a
otro supuesto, cual es el de la transformación de la incapacidad temporal
en permanente, el profesor Simón Acosta se inclina por considerar que se
produce “…desde el momento del accidente, y no se puede hacer depender
el disfrute de una exención tributaria inherente a esa situación del momento
formal de su reconocimiento, que conlleva un procedimiento administrativo
que puede demorarse en el tiempo…” (Simón Acosta, 2001: 16).
Evidentemente, cuando como consecuencia de la mejoría o el empeoramiento
que pueda padecer el beneficiario de estas prestaciones, cambia el
grado inicialmente determinado para la discapacidad pasando, por ejemplo,
de permanente absoluta a permanente total o al revés, según corresponda;
la modificación no producirá efecto retroactivo alguno, toda vez
que no responde a una “incorrecta” o tardía calificación de la discapacidad
del interesado, sino que se debe a la evolución de su patología.
Por fin, cabe preguntarse qué ocurre cuando como consecuencia de la
impugnación de la resolución del Instituto Nacional de la seguridad Social
(INSS) por la que se califica la incapacidad, ésta se rectifica. Compartimos
la opinión de quienes entienden que cuando se modifica la incapacidad