Actas del Congreso

Nuestro ordenamiento y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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to ambulatorio involuntario en caso de trastorno mental grave, que fue
incluido en una Proposición no de Ley del Grupo Popular de febrero de
2013, y la reforma del Código Penal en materia de medidas de seguridad,
en fase de Proyecto de Ley, que contiene disposiciones que parecen chocar
frontalmente con la Convención y con lo recomendado por el Comité de
Derechos de las Personas con Discapacidad. Las sujeciones físicas —y bajo
ciertas condiciones quizá también la contención química— constituyen
prácticas de privación del derecho fundamental a la libertad e implican
un plus de restricción sobre el internamiento forzoso, por lo que no pueden
presumirse implícitas en la autorización judicial. Tampoco deberían
adoptarse medidas de contención o restricción de derechos a los usuarios
de centros residenciales, ya sean personas con discapacidad, menores o
mayores, con el sólo consentimiento de los familiares, ya que su voluntad
no sustituye la del residente, y la tutela, en caso de concurrir, debería dejar
fuera el ejercicio de los derechos de fundamentales. Son cuestiones todas
ellas que están estrechamente relacionadas con la libertad de las personas
con discapacidad, y que se en encuentran abiertas, en distintas fases del
debate, el cual en ningún caso debiera dar lugar normas que vulneraran
la Convención. Sería aconsejable que el legislador tuviera muy presentes a
estos efectos las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas
con Discapacidad formuladas a España en esta materia (CRPD/C/ESP/
CO/1: § 35 y 36).
Respecto a la capacidad jurídica, la Convención asume, en su artículo
12, un modelo de “apoyo o asistencia en la toma de decisiones” frente al denominado
modelo de “sustitución de la voluntad”, lo que obliga a España
a acometer una reforma legislativa de calado en materia de incapacitación,
tutela, curatela y guarda. Esta reforma, de momento no ha sido aprobada,
pese a las recomendaciones en ese sentido del Comité de Derechos de las
Personas con Discapacidad (CRPD/C/ESP/CO/1: § 33 y 34).
La figura de la incapacitación tal y como está concebida por nuestro
Derecho Civil es una herramienta que tiende a la restricción absoluta de
la capacidad de obrar de la persona, lo que conlleva la designación de un
tutor que actúa como representante legal de la persona incapacitada, que
queda así privada de su capacidad de obrar en su esfera patrimonial y personal,
e incluso con frecuencia impedida para el ejercicio de sus derechos
fundamentales. Es verdad que los jueces también dictan incapacitaciones
relativas que suponen el sometimiento a curatela, pero suelen ser casos en
los que el curador complementa la capacidad de la persona incapacitada
asistiéndola en los actos patrimoniales, no en los demás (Asís, et al., 2008:
30-35).