Actas del Congreso

La Ley 39/2006 y el Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia…
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derechos que tienen que ver con la autonomía de las personas en situación
de dependencia.
Así, el artículo 19 de la Convención reconoce el derecho a vivir de forma
independiente. En concreto se refiere al derecho en igualdad de condiciones
de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad.
Este derecho implica, por un lado, la elección del lugar de residencia en
igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos (dónde vivir y con
quién, sin sujeción a un sistema de vida específico) y, por otro, el acceso
a servicios generales y específicos (entre otros la asistencia domiciliaria,
residencial y personal). Es importante subrayar que se trata de un derecho
estrechamente conectado con la accesibilidad. En efecto, el artículo 9 de la
Convención, referido a la accesibilidad, justifica ésta haciendo referencia
a la exigencia de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Todo el artículo 19 de la Convención y el resto de artículos que lo complementan
buscan favorecer la autonomía de las personas en situación de
dependencia. Sin embargo, la Ley 39/2006, y en concreto el derecho que
esta reconoce está dirigido a proteger en todo caso a los que se encuentran
en situación de dependencia. Seguramente esta es la diferencia más relevante
entre estas dos normas.
En efecto, como es sabido, la Ley 39/2006 reconoce el derecho a la
autonomía personal y a la atención de las personas en situación de dependencia.
Según la Ley se trata de un derecho de titularidad universal, que
garantiza un conjunto de prestaciones y servicios. Está compuesto, además
de por el derecho a disfrutar de todos los derechos establecidos en la legislación
vigente, por un haz de prestaciones económicas (vinculadas a un
servicio, a cuidados familiares o a la asistencia personal) y de servicios (vinculadas
a la prevención de las situaciones de dependencia, a la teleasistencia,
a la ayuda a domicilio, a los Centros de Día y de Noche, y a la atención
residencial). Y todo ello está integrado en el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, y vinculado al grado de dependencia en el
que se encuentre el sujeto titular del derecho, lo que exige la existencia de
una resolución de la Administración en la que se determinen los servicios
o prestaciones que corresponden a la persona.
El reconocimiento de este nuevo derecho podría haber significado la
adopción de un nuevo enfoque en el tratamiento de la dependencia que
conllevara su incursión en el campo de los derechos humanos. Y a esto
contribuía lo dispuesto en la Exposición de Motivos y en la Disposición
final octava de la Ley, en donde se justifica a efectos competenciales la nor-