Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
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Ahora bien, en los casos de autores imputables la peligrosidad se evalúa en
función de la gravedad del delito cometido (y no tanto en función de la
probabilidad de comisión de nuevos delitos); las medidas de seguridad que
se arbitran (diversas modalidades de libertad vigilada) son menos gravosas,
la prisión es decretada como permanente ab initio pudiendo ser revisada
posteriormente y se reserva a delitos considerados de excepcional gravedad
9 . Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad mental consideradas
inimputables la peligrosidad se hace depender de una condición
personal, las medidas de seguridad orientadas a atenuarla pueden consistir
en una privación de libertad que es diseñada como temporal ab initio pero
que puede perpetuarse, según antes se dijo, en el caso de delitos ya no de
excepcional gravedad, sino simplemente de gravedad relevante, esto es,
aquellos para los que está prevista una pena máxima igual o superior a tres
años de prisión 10 . En otro orden de cosas, resulta, asimismo, criticable la
enorme inseguridad jurídica de esta nueva regulación y la eliminación de
la necesidad del consentimiento de la persona para la aplicación de la medida
de seguridad consistente en el tratamiento ambulatorio (AEN, 2013).
De todo lo anterior se desprende que el empeoramiento general de las
condiciones de privación de libertad que este proyecto implica dista mucho
de producirse en igualdad de condiciones resultando aún más grave
para algunas personas con discapacidad, lo que revela su carácter discriminatorio.
Es imprescindible, por tanto, dar marcha atrás y aprovechar
la reforma para subsanar los inconvenientes, antes apuntados, de los que
adolece la actual regulación de las medidas de seguridad.
Más allá de las medidas de seguridad, el sistema penal español debería
modificarse para garantizar la adecuada detección de la discapacidad intelectual
y mental que pasa a menudo desapercibida, en especial en los juicios
rápidos (AEN, 2013); la realización de las adaptaciones para asegurar
la participación y el derecho de defensa de las personas con discapacidad
acusadas de un delito en todas las fases del proceso penal; la disponibili-
9
Asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero,
de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de
crímenes de lesa humanidad.
10
Así, la comisión de delitos de violencia intrafamiliar o de atentados contra la autoridad
(por ejemplo en el marco de la ejecución de internamientos forzosos)
—que las personas con discapacidad mental, que no son peligrosas, pero que sí
pueden estar en riesgo de verse abocadas a este tipo de conductas debido a la escasez
de recursos sociosanitarios y comunitarios para atender su situación— puede
determinar que una persona con discapacidad pierda para siempre su libertad.