Actas del Congreso

Modificaciones de la normativa sobre propiedad horizontal y articulación…
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da vivan, trabajen o presten sus servicios voluntarios personas con discapacidad
o mayores de setenta años, a realizar las obras de accesibilidad que
sean necesarias para un uso adecuado de los elementos comunes, o para la
instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación
con el exterior, siempre que el importe de dichas obras no exceda
de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes (25% del presupuesto
anual aprobado). En consecuencia, de acuerdo con la nueva regla,
no será necesario un acuerdo expreso para que la comunidad de propietarios
resulte obligada a realizar las obras de accesibilidad correspondientes,
siempre que su coste no exceda de tres mensualidades ordinarias. Cuestión
esta última para la que será recomendable que, junto al requerimiento de
la actuación, se presente un primer presupuesto orientativo por parte del
promotor de las obras que pueda servir como referencia para determinar
la salvedad de este extremo (Echevarría Summers, 2010: 386).
Además, esta última norma señala que la válida adopción de acuerdos
para la realización de este tipo de obras obliga a la comunidad al pago de
los gastos aun cuando su importe no exceda de tres mensualidades ordinarias
de gastos comunes. Cuando el coste de dichas obras sí exceda de tres
mensualidades ordinarias y el acuerdo haya necesitado, para su aprobación,
del acuerdo unánime de la junta, ningún propietario podrá sustraerse
de la obligación de pagar, cualquiera que sea la repercusión económica
de esas obras en las cuotas ordinarias (Carrasco Perera, 2010: 650).
Es importante señalar que esta última reforma de 2003 aclara el concepto
de persona con discapacidad aplicable al régimen de la propiedad
horizontal, exigiendo un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Además, extendiendo este concepto al pensionista de la seguridad social
que tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado
de total, absoluta o gran invalidez o con pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Seguidamente,
el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina
la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley
51/2003, ha señalado que los únicos modos de acreditar esta discapacidad,
con efectos en todo el territorio nacional, son i) una resolución o certificado
del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) u órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente; ii) una resolución
del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), reconociendo
la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez; iii) una resolución del Ministerio de Economía y Hacienda
o del Ministerio de Defensa, reconocimiento una pensión de jubilación o
de retiro permanente para el servicio o inutilidad (artículos 2 y 3).