Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
139
una especialización en el marco de la protección de los mayores y personas
con discapacidad. Atendiendo a la misión que la Constitución Española y
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le encomienda como defensor
de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables, se creó y
reguló la primera, pero nada se realizó respecto a la protección de las personas
con discapacidad.
Resulta necesario abordar la creación de dicha Fiscalía Especializada,
que se encargaría de todas las funciones que desempeña actualmente la
Coordinación de los Servicios Especializados en la Protección de las Personas
con Discapacidad de las Fiscalías de las Audiencias Provinciales, así
como la Delegación de la Fiscalía ante el Foro Justicia y Discapacidad y
Delegación en cumplimiento de los respectivos Convenios con el CERMI
y con Aequitas.
También incluiría las labores que se están desarrollando actualmente en
Jornadas y Foros de debate organizados por las Asociaciones y Fundaciones
representantes de las personas con discapacidad; en el Real Patronato de la
Discapacidad y en el Comité de Apoyo del CERMI, sin olvidar las desarrolladas
en las páginas Web de las Fiscalías especializadas en protección a las
personas con discapacidad y personas mayores.
Podría asumir también, la Fiscalía Delegada para la Protección y Defensa
de los Derechos de las Personas Mayores vulnerables, que presenta una
organización y fundamento similar, dado que en la actualidad, es el mayor
con discapacidad, quién con mayor frecuencia requiere nuestros servicios.
En el desarrollo de la especialización de las Instituciones en este ámbito
jurídico, cabe destacar, cómo desde el Foro de Justicia y Discapacidad,
CERMI, Aequitas, y otras muchas asociaciones y fundaciones que representan
a las personas con discapacidad y sus familias, se ha venido reclamando
la creación de esta Fiscalía Especializada, que a través de un Fiscal de Sala
Delegado, se encargue directamente de la protección de los derechos de
las personas con discapacidad, siendo lamentable que hasta el momento,
no se haya iniciado en el seno de la Fiscalía General una línea de actuación
semejante a la del Consejo General del Poder Judicial, que con más
de quince años de experiencia en juzgados especializados, ha mejorado
sensiblemente el acceso a la justicia de una buena parte de la sociedad
española que en nuestro país comprende un sector de población próximo
a los cuatro millones.
En definitiva, la creación de una Fiscalía de Sala Especializada en la protección
de las personas con discapacidad, daría adecuada respuesta a los