Actas del Congreso

Nuestro ordenamiento y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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lo que respecta al empleo público, más de treinta años después de la Ley
de integración social de los minusválidos (LISMI) muchas administraciones
todavía no han alcanzado el porcentaje del 2% de empleados públicos
con discapacidad. Ante este escenario, el legislador y las Administraciones
públicas deben atreverse a regular y aplicar nuevas medidas con el fin de
mejorar el porcentaje. Algunas propuestas en ese sentido son: a) la distribución
equitativa entre todas las convocatorias del cupo de reserva de plazas
del 7% (salvo que existan razones objetivas que aconsejen otra cosa); b)
el incremento de este cupo mínimo legal de reserva en la siguiente oferta
de empleo público —y no el cupo general de esa convocatoria— con las
plazas no cubiertas del cupo de reserva; c) la extensión del cupo de reserva
al régimen de interinidad y a la contratación laboral; d) el fomento de la
promoción profesional de los empleados públicos con discapacidad; e) el
respeto escrupuloso por los tribunales de las prescripciones de los equipos
técnicos de valoración sobre las adaptaciones de tiempos y medios de las
pruebas; y f) las subvenciones específicas para que las administraciones
públicas de menor tamaño puedan llevar a cabo las adaptaciones de los
puestos de trabajo.
Finalmente, merece la pena analizar un poco más en profundidad la
situación del derecho a una educación inclusiva. El modelo al que obliga
la Convención en su artículo 24 es un modelo de educación inclusiva en
el marco del sistema general de educación, en cuyo ámbito deben realizarse
“ajustes razonables” en función de las necesidades individuales de
los alumnos, y facilitarse medidas de apoyo personalizadas y efectivas que
fomenten su máximo desarrollo académico y social.
La Convención no establece un nuevo derecho sino que aclara, y recoge
por vez primera de forma explícita, que el derecho a la educación es el
derecho a la educación inclusiva, lo que culmina un proceso de evolución
normativa que tiene su origen en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948) y que se ha ido plasmando en instrumentos internacionales
de distinto alcance y naturaleza. El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención de Derechos del
Niño (1989), la Declaración de Salamanca (1994) fruto de la Conferencia
Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales y suscrita por 92 gobiernos,
el Foro Consultivo Internacional para la Educación para todos (Dakar,
2000), y en general los trabajos y espacios de concertación auspiciados por
la UNESCO han sido pasos decisivos en ese camino.
Los sistemas de enseñanza tradicionalmente han adoptado tres enfoques
distintos respecto a la discapacidad, que con frecuencia coexisten en