Actas del Congreso

Las modificaciones en la normativa de reconocimiento de la situación de dependencia…
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inclusión social. Esto lo digo por que debemos estar al propio texto de la
Convención, dado que nuestro legislador estatal ha hecho una adaptación
pensando en la estructura de nuestro Ordenamiento. Lo cual plantea problemas
sistemáticos por la diferenciación entre derecho a la vida independiente
y derecho a la protección social que se recoge en el RDLeg 1/2013.
La Convención también diferencia entre derecho a la vida independiente
(Art. 19) y derecho a la protección social, sin discriminación (Art. 28).
Sin embargo, en su redacción, podemos indicar que, la protección social
es vista en la Convención como recurso a la población en general —en
donde no debe haber discriminación a las personas con discapacidad— y
no la especificación de los servicios que se necesitan para la vida independiente.
El RDLeg 1/2013, claramente, distingue un sistema “especial” de
prestaciones sociales y económicas para los sujetos con discapacidad que
no desarrollen una actividad laboral (Art. 8) el derecho a la vida independiente
(Capítulo V) y derecho a la protección social (Capítulo VII). La protección
social contempla específicamente servicios y prestaciones sociales
que atienden específicamente a sus necesidades y “dirigidos al desarrollo
de su personalidad y su inclusión en la comunidad”, en donde hay perfecta
identidad entre el catálogo de servicios del Art. 15 de la Ley 39/2006
y los del Art. 51 de la RDLeg 1/2013, como hemos dicho. A mi parecer,
a pesar de dichas coincidencias, mantiene la estructura fragmentada de
nuestro Sistema de Servicios Sociales, a partir de la existencia diferenciada
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Concluyendo el
RDLeg 1/2013 opera, en su misión de trasladar la Convención al Derecho
Español, como una norma que no modifica los sistemas de protección
sino trasplanta los derechos a los mismos. Con ello dificulta la identidad
del derecho a la vida independiente —a pesar de su definición en el Art.
2—, dado que lo contempla específicamente como medio para procurar
la accesibilidad, a partir de la definición del Art. 22 con la que comienza
el Capítulo V.
2. La incidencia negativa en el derecho a la vida independiente de
legislación reciente que reforma la Ley 39/2006, de 14 de diciembre
2.1. La Ley 39/2006 ha sufrido, como una parte de la normativa de protección
social, los embates de la crisis financiera y económica producida
desde el año 2007 en nuestro país. La existencia, como veremos a partir
de ahora, de un retroceso en los recursos disponibles y de retraso en el
acceso de los futuros beneficiarios con dependencia moderada no es sólo