Actas del Congreso

Modificaciones de la normativa sobre propiedad horizontal y articulación…
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presión de barreras arquitectónicas que impidan o dificulten el acceso o la
movilidad de personas con discapacidad o mayores de setenta años, quedando
la comunidad de propietarios, en su totalidad, obligada al pago, aun
cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades
ordinarias de gastos comunes.
iii) Se someten al régimen de aprobación de la mayoría cualificada de
las tres quintas partes de los propietarios cuando la instalación del ascensor
o la realización de la obra en cuestión no pueda subsumirse en el supuesto
de supresión de barreras arquitectónicas en comunidades donde vivan
o trabajen personas con discapacidad o mayores de setenta años, incluso
cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades
ordinarias de gastos comunes, no pudiendo eximirse del pago los propietarios
disidentes.
A modo de conclusión podemos afirmar que el progreso de la reforma
normativa a favor de la realización de obras para la consecución del mayor
grado de accesibilidad universal posible dentro de las comunidades de vecinos
en las que residen o trabajan personas con discapacidad ha sido lento,
pero constante y siempre progresivo. En efecto, en la evolución normativa
expuesta no se aprecia ningún retroceso. Además, debe destacarse que
las reformas aprobadas por el legislador han tenido en muchos casos un
origen jurisprudencial. En otras palabras, han sido los jueces nacionales los
que, a la vista de las circunstancias de cada caso, han tratado de ofrecer una
respuesta adecuada, conforme a los principios generales contemplados en
la Constitución Española y a la máxima de la búsqueda de la accesibilidad
universal, aun cuando la normativa civil vigente en ese momento pudiera
no ofrecer una respuesta a esa situación u obligar a aplicar criterios diferentes,
llegando a una conclusión distinta, menos favorable o ajustada a
las necesidades de la persona con discapacidad. Circunstancia esta última
que resulta especialmente positiva y que permite inferir que en el futuro
el papel del juez a la hora de evaluar la concordancia entre la norma vigente
y las necesidades reales surgidas en las comunidades de propietarios
sometidas al régimen de la propiedad horizontal seguirá siendo relevante,
como primera advertencia —con consecuencias jurídicas— a la necesidad
de cambio de la regulación aplicable.
Hemos pasado de un régimen de exigencia del voto unánime de la junta
de propietarios, que imposibilitaba la realización de cualquier obra en
interés de una persona con discapacidad, propietaria de un piso o local en
esa comunidad, a un régimen en el que, dependiendo del importe de la
obra, ésta puede, incluso, llevarse a cabo sin necesidad de acuerdo previo