Actas del Congreso

34 Rafael de Lorenzo García
En la primera década de este milenio, y gracias al gran empuje e incidencia
política del CERMI, ha sido colosal la producción normativa en
favor de las personas con discapacidad, tanto en normas específicas como
integrando aspectos de la discapacidad en leyes de carácter general en virtud
del principio de normalización.
En cuanto a la Convención, España estuvo en el primer bloque de estados
firmantes el 30 de marzo de 2007 y ha actuado con celeridad en la
ratificación y entrada en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el 3 de
mayo de 2008. Asimismo, ha sido uno de los primeros estados en dictar
una ley específica de adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención
mediante la Ley 26/2011, y también fue el primero en presentar su
informe ante el comité de seguimiento en septiembre del mismo año. Resultó
meritorio el hecho de que nuestro país designara como organismo
independiente de seguimiento y vigilancia de la Convención en España al
CERMI. De igual modo, destaca el esfuerzo realizado en la promulgación
de un texto refundido de varias leyes en materia de discapacidad mediante
el Real Decreto Legislativo 1/2013.
Pero el panorama se ha ido oscureciendo en estos últimos años y se
constatan importantes retrocesos en la protección social de las personas
con discapacidad mediante diversidad de recortes y regresiones en aspectos
regulatorios y prestacionales que parecían haberse consolidado, aunque
la realidad está demostrando lo contrario. Además, se observa una
actitud muy renuente por parte de las instancias gubernamentales para
continuar aplicando la Convención a todo nuestro ordenamiento, llamando
vivamente la atención la inacción o las actuaciones erráticas en materias
cruciales como son el derecho civil y, especialmente, la gran cuestión de
la capacidad jurídica y los apoyos para completarla. Las regulaciones y situaciones
contrarias a los Derechos Humanos que se siguen dando en el
proceso de institucionalización o el abordaje que se anuncia en aspectos de
gran importancia dentro del derecho penal.
2. El clima y los trabajos previos a la aprobación de la Convención
El interés que la comunidad internacional ha puesto en la protección
de las personas con discapacidad se ha visto concretado con la aprobación
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
el 13 de diciembre de 2006 mediante Resolución 61/106 de las Naciones
Unidas. La redacción de la Convención, tras un largo y engorroso proceso
de cuatro años, constituye la suma de varios esfuerzos para la culminación