Actas del Congreso

Nueva cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal…
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C. En tercer lugar, nuestro escenario normativo actual “obliga” a las personas en
situación de dependencia a pertenecer a uno de los dos grandes grupos: mayores
o personas con discapacidad, de modo que la no pertenencia a alguno
de ellos produce en la práctica una situación de vacío y desamparo
legal, lo que en definitiva, está generando rigideces que limitan la
capacidad de atención pública e impiden dar una respuesta a todas
las situaciones que se puedan presentar. El ejemplo más habitual es
el de una persona dependiente, con una enfermedad degenerativa,
pero que no es mayor de 60 años (con lo cual no podría ingresar
en un centro de mayores) pero tampoco tiene una discapacidad de
la que se atiende en los centros que gestionamos. Estos casos están
generando muchos problemas, a las personas usuarias, a sus familias
y a la Administración, por su falta de encuadre en el actual marco
normativo y, sin embargo, son situaciones que debemos atender porque
cuando una persona es dependiente, lo es al margen de su edad.
Este es quizá uno de los inconvenientes más importantes a los que
nos estamos enfrentando desde el actual marco normativo.
3. Claves de la nueva cartera, de la normativa en trámite y su incidencia
en la atención residencial de personas mayores
– A partir de lo señalado, es evidente que necesitamos nuevas claves de
actuación que sirvan para romper con esta rigidez, a fin de diversificar
los servicios que pueden llegar a prestarse a personas en situación
de dependencia en nuestra Comunidad Autónoma, dar mejor
respuesta a sus necesidades y, sobre todo, evitar que nadie se quede
fuera de la “foto legal” y que todo el mundo tenga el amparo de la
norma para poder ser atendido.
Pero al mismo tiempo es deseable que todo ello se lleve a cabo optimizando
los recursos ya existentes o, lo que es lo mismo, que desde los
centros se puedan hacer más cosas, dar más servicios. En definitiva, esto
viene a justificar la nueva cartera que hemos trasladado a un instrumento
normativo: el Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define
la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal
y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el
sistema de participación de las personas usuarias en las financiación de su
coste.