Actas del Congreso

Nuestro ordenamiento y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad: una visión general sobre los
retos pendientes
MARTA KINDELÁN BUSTELO
Jefa de Gabinete de la Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
2006 (en adelante, la Convención) supuso la asunción de la discapacidad
como una cuestión de derechos humanos, al superar el enfoque asistencial
y centrarlo en el respeto pleno a sus derechos en condiciones de igualdad.
Por ello ha resultado un gran desafío para nuestro ordenamiento y para
nuestra práctica administrativa, que a pesar de haber avanzado de forma
considerable en esta materia desde los años 80, han tenido que adaptarse
a este nuevo paradigma. El reto, en parte, sigue en pie.
Los tratados forman parte del Derecho español desde el momento de
su publicación oficial, con un rango especial que exige la modificación o
derogación de las normas legales y reglamentarias que los contradigan e
impide su modificación por leyes internas posteriores. Además los derechos
de las personas de discapacidad, y en realidad también el resto del
ordenamiento, deben interpretarse y aplicarse a la luz de la Convención
(artículos 96 y 10.2 CE).
Los cambios derivados del nuevo enfoque de la Convención no podían
lograrse con su sola incorporación a nuestro ordenamiento interno. Exigían
revisar y reformar un amplio y variado número de normas, de rango
legal y reglamentario, dispersas en nuestro ordenamiento. Razones de
eficacia y seguridad jurídica aconsejaban pues llevar a cabo un proceso
de análisis, adaptación y revisión transversal del ordenamiento interno. El
primer esfuerzo de adaptación lo constituye la Ley 26/2011, de 1 de agosto,
de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y el Real Decreto 1276/2011, de 16
de septiembre, de la misma rúbrica.
Pasados casi tres años desde la Ley 26/2011 y seis desde la entrada en
vigor de la Convención en mayo de 2008, el Defensor del Pueblo en su